La interrupción de un tratamiento esencial volvió a encender las alarmas sobre el funcionamiento de la Obra Social del Estado Fueguino. Rocío Peña, madre de Ivo, un adolescente de 16 años oriundo de Tolhuin, hizo público el delicado estado de salud de su hijo ante la falta del medicamento Sultiame, que no es provisto desde diciembre por la OSEF. El joven padece epilepsia refractaria desde hace ocho años y depende de una combinación específica de fármacos para controlar las crisis convulsivas.
Según relató la mujer, la ausencia del medicamento provocó un marcado agravamiento del cuadro clínico: las convulsiones, que antes se presentaban cada cinco días, ahora ocurren cada 72 horas. Ivo, además, cuenta con un implante de neuroestimulador vagal, lo que evidencia la complejidad de su tratamiento. En reiteradas consultas, desde la farmacia de la obra social indicaron que la medicación “está pedida”, aunque sin brindar precisiones sobre su llegada. Cada frasco supera los dos millones y medio de pesos y el joven necesita dos por mes, un costo imposible de afrontar para la familia.
La situación se agrava por la suspensión de prestaciones con centros de salud de Buenos Aires, lo que impide cualquier derivación urgente fuera de la provincia ante una eventual descompensación. En este contexto, Peña recordó que el año pasado su hijo estuvo un mes internado en terapia intensiva, bajo coma farmacológico, tras sufrir un estatus epiléptico, y advirtió que el actual desabastecimiento podría derivar nuevamente en un cuadro de extrema gravedad, con riesgo de secuelas irreversibles o incluso fatales.
Ante la falta de respuestas oficiales, la madre responsabilizó de manera directa al Gobierno provincial por la integridad del adolescente. “Las obras públicas o las mejoras educativas carecen de sentido si no se garantiza primero el derecho básico a la vida”, expresó en su descargo, y señaló al Ejecutivo, la Legislatura y las autoridades de la obra social por lo que considera un abandono de persona. Finalmente, convocó a otras familias en situaciones similares a organizar un reclamo conjunto y exigió soluciones definitivas al gobernador Gustavo Melella, al advertir que la crisis de la OSEF está comprometiendo la seguridad de los afiliados más vulnerables, incluso en ciudades como Río Grande.
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