El Juzgado de Familia dispuso un cambio inmediato en su modalidad de atención y, desde ahora, no recibirá a personas que se presenten sin patrocinio legal. La decisión fue comunicada mediante una nota oficial fechada el 16 de marzo de 2026 y enviada al Colegio Público de Abogados, en la que se explican los motivos de la medida y su alcance.

Según lo informado por la magistrada, la resolución fue adoptada luego de una serie de situaciones registradas en la mesa de entradas del tribunal. En el escrito se menciona la presencia de personas que llegaron en estados de exaltación y también casos en los que acudieron acompañadas por medios de comunicación, lo que, de acuerdo con la fundamentación oficial, alteró el normal funcionamiento del organismo.

A partir de este cambio, quienes necesiten realizar consultas, presentar planteos o iniciar gestiones ante el juzgado deberán hacerlo con un abogado presente. En caso de no contar con representación legal, se indicó que deberán dirigirse al Colegio Público de Abogados para la asignación de un profesional antes de poder ser atendidos en sede judicial.

Desde el juzgado señalaron que la medida apunta a resguardar la seguridad del personal, de los ciudadanos y del propio servicio de justicia. También sostuvieron que busca ordenar la atención y garantizar condiciones de funcionamiento más estables mientras se aguarda la implementación de un protocolo institucional más amplio por parte del Superior Tribunal de Justicia.

La decisión, sin embargo, abrió cuestionamientos por su posible impacto sobre el acceso a la Justicia. Las objeciones se centran especialmente en el ámbito de familia, donde con frecuencia las personas llegan al tribunal en contextos delicados, urgentes y sin asesoramiento previo, buscando respuestas inmediatas ante conflictos sensibles.

Las nuevas pautas regirán de manera provisoria hasta que el Superior Tribunal defina un esquema formal para la seguridad y la atención en este tipo de dependencias. Mientras tanto, la resolución ya comenzó a generar debate en la ciudad por las implicancias que podría tener sobre quienes atraviesan situaciones familiares complejas y no cuentan con recursos ni asistencia legal al momento de acudir al juzgado.

La medida tomó mayor repercusión porque se conoció pocos días después de un episodio de fuerte tensión emocional ocurrido en ese mismo ámbito judicial. En aquella ocasión, una familia se presentó para reclamar avances en una causa y una mujer terminó descompensada en los pasillos del edificio, en una escena que expuso el nivel de sensibilidad y conflictividad que rodea a muchos de estos expedientes.