Un conflicto institucional se desató en el Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego tras un duro intercambio entre el Juzgado de Familia y Minoridad N° 2 y el Colegio Público de Abogados de Río Grande, a raíz de una medida impulsada desde el ámbito judicial que generó un inmediato rechazo por parte de los letrados.

La controversia se originó a partir de una disposición firmada el pasado 16 de marzo por la jueza Marina Paola Montero, titular del Juzgado de Familia N° 2. En el documento, la magistrada argumentó que, ante recientes episodios ocurridos en la Mesa de Entradas —donde se registraron situaciones con personas en estado de exaltación—, se resolvió que ningún ciudadano sea atendido sin la presencia de su abogado.

En ese marco, se estableció que quienes se presenten sin representación legal deberán dirigirse a la sede del Colegio de Abogados y permanecer allí hasta que su letrado se haga presente en el juzgado. Según se indicó, la medida busca resguardar la seguridad tanto del personal judicial como de los propios justiciables, en un fuero caracterizado por la alta carga emocional de los casos.

Sin embargo, la respuesta del Colegio de Abogados fue inmediata y contundente. A través de una nota dirigida al presidente del Superior Tribunal de Justicia, la institución rechazó la disposición y advirtió que resulta “material e institucionalmente imposible” cumplir con lo solicitado.

Desde el Colegio señalaron que no cuentan con la infraestructura necesaria para recibir personas en carácter de espera, ni con espacios adecuados para ese fin. Asimismo, remarcaron que la seguridad y el orden dentro de los edificios públicos es una responsabilidad exclusiva del Poder Judicial, por lo que no puede trasladarse a una entidad de derecho público no estatal.

En ese sentido, también advirtieron que obligar a ciudadanos a permanecer en su sede podría generar situaciones conflictivas para las cuales su personal no está capacitado ni habilitado para intervenir.

El conflicto expone una problemática de fondo vinculada a las condiciones de infraestructura y seguridad en el servicio de justicia local. Mientras desde el juzgado se intenta implementar medidas preventivas ante posibles hechos de violencia, el Colegio de Abogados sostiene que se busca convertir a la institución en una extensión operativa del tribunal sin los recursos necesarios.

Por el momento, el Colegio dejó asentado que no garantizará el cumplimiento de la medida, lo que abre un escenario de incertidumbre respecto a cómo será la atención de las personas que acuden diariamente a Tribunales, especialmente en causas vinculadas a familia y minoridad.