A pocos días de una nueva edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego, Jorge Bucemo, representante de la Confederación Argentina del Motociclismo Deportivo (CAMOD) en la Patagonia, advirtió que la competencia no contaría actualmente con fiscalización oficial, lo que podría generar serios riesgos en términos deportivos, legales y de seguridad.

El referente explicó a Radio Fueguina que la situación ya fue notificada a distintas autoridades provinciales, municipales y organismos vinculados al deporte y la seguridad, con el objetivo de poner en conocimiento el escenario previo a la realización del evento.

Según detalló, en Tierra del Fuego no existe una federación provincial de motociclismo, lo que impide que los clubes locales tengan facultades para fiscalizar competencias por sí mismos. En ese marco, sostuvo que las normativas vigentes a nivel nacional establecen que los eventos deben contar con la supervisión de una entidad reconocida que garantice el cumplimiento de las reglas y la protección de los participantes.

Bucemo remarcó que la fiscalización no es un mero trámite administrativo, sino que implica la homologación del circuito, el control de las condiciones de seguridad, la validación de resultados deportivos y el respaldo legal ante cualquier incidente. “Sin fiscalización no hay forma de deslindar responsabilidades”, advirtió.

En esa línea, alertó que la falta de este control podría tener consecuencias graves en caso de accidentes, especialmente en una competencia de alto riesgo como la Vuelta. Señaló que, ante un siniestro de magnitud, los costos podrían recaer sobre el Estado si no existen mecanismos formales de cobertura y respaldo institucional.

Asimismo, indicó que la ausencia de fiscalización también impacta en la situación de los pilotos, ya que sin una licencia deportiva homologada podrían quedar fuera de competencias nacionales e internacionales, o incluso sin cobertura en caso de incidentes.

El representante de CAMOD también cuestionó que actualmente no existiría un sistema oficial de control deportivo que garantice la transparencia de los resultados, ni documentación formal que respalde la organización del evento.

Por último, advirtió que esta instancia constituye una primera notificación y no descartó que se avance con medidas formales si la situación no se regulariza. “Se está poniendo en riesgo a los deportistas, a las instituciones y al propio Estado”, concluyó.