La controversia por la modificación de la ley de acuicultura en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo en el ámbito judicial. Un legislador provincial presentó una acción ante el Superior Tribunal de Justicia solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la norma que habilita la actividad salmonera en la provincia.

El planteo no sólo cuestiona el contenido de la ley, sino también el proceso mediante el cual fue aprobada, señalando presuntas irregularidades durante su tratamiento legislativo.

Según se expuso en la presentación, la sanción de la norma habría incumplido procedimientos institucionales básicos, lo que, a criterio del denunciante, afecta la validez del acto legislativo. En ese marco, se remarcó que el respeto a las reglas no es un aspecto formal, sino una garantía del funcionamiento democrático.

En declaraciones públicas, se sostuvo que la ley fue aprobada en un contexto de irregularidades, con cuestionamientos a la forma en que se desarrollaron las reuniones de comisión y la emisión de dictámenes.

Además, se advirtió que este tipo de situaciones impactan directamente en la seguridad jurídica de la provincia, un factor clave para el desarrollo económico. “Cuando no se respetan las reglas de juego, se debilita la institucionalidad”, se expresó.

El eje del planteo judicial también apunta a las consecuencias que podría generar la falta de previsibilidad, tanto en materia de inversiones como en la generación de empleo.

Cabe recordar que la modificación de la normativa que originalmente prohibía la salmonicultura generó uno de los debates más intensos del último tiempo en la Legislatura fueguina, con fuertes posturas enfrentadas entre distintos sectores políticos, sociales y ambientales.

Entre los puntos más cuestionados durante su tratamiento se mencionaron cambios en el procedimiento, reuniones de comisión bajo polémica y un proceso legislativo marcado por denuncias internas.

La norma finalmente fue aprobada por una diferencia ajustada, lo que profundizó el conflicto y abrió la puerta a su judicialización.

Ahora será el Superior Tribunal de Justicia el que deberá analizar la presentación y definir si la ley fue sancionada conforme a derecho o si, como se denuncia, presenta vicios que podrían derivar en su nulidad.