Las iniciativas, impulsadas por distintos sectores políticos, proponen mecanismos de intervención estatal con un objetivo común: sostener la actividad productiva en un contexto de fuerte incertidumbre para el sector.

Por un lado, uno de los proyectos plantea la expropiación de las acciones de Aires del Sur, con la intención de que el Estado asuma el control societario y garantice la continuidad dentro del régimen de promoción industrial de la Ley 19.640. La propuesta busca preservar la estructura jurídica de la empresa para mantener los beneficios impositivos y facilitar el acceso a financiamiento.

Desde esta mirada, el eje está puesto en sostener el esquema legal y económico que permite la actividad industrial en la provincia, entendiendo que el encuadre dentro del régimen vigente resulta determinante para su supervivencia.

En contraposición, la otra iniciativa propone declarar de utilidad pública la planta industrial de Aires del Sur y avanzar con la expropiación de los bienes físicos. El objetivo es asegurar la continuidad operativa a partir de la infraestructura existente, priorizando el funcionamiento de la fábrica más allá de su estructura societaria.

Esta alternativa pone el foco en garantizar que la producción no se detenga, acompañando el reclamo de los trabajadores y buscando generar herramientas concretas que permitan sostener la actividad.

Ambos proyectos coinciden en la urgencia de evitar la pérdida de más de 140 empleos en un sector estratégico para Tierra del Fuego, aunque difieren en el camino a seguir: uno prioriza el control accionario y la continuidad dentro del régimen promocional, mientras que el otro apunta a sostener la producción desde la planta y sus activos.

El debate también abre interrogantes sobre el impacto fiscal de una eventual intervención estatal, la viabilidad económica de cada propuesta y el futuro del régimen industrial, considerado fundamental para el desarrollo de la provincia.

La definición que adopte la Legislatura no solo será clave para el destino de Aires del Sur, sino que también marcará un precedente sobre el rol del Estado ante crisis industriales y la defensa del empleo en Tierra del Fuego.