El Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación para vender el 100% de Intercargo S.A.U., la empresa encargada de los servicios de rampa en 16 aeropuertos del país, en lo que representa el primer paso concreto de su plan de privatizaciones.

La operación fija un precio base de US$45,12 millones y contempla la transferencia total del paquete accionario al sector privado, sin participación del Estado ni esquemas de propiedad para los trabajadores.

El proceso será de etapa múltiple y de alcance nacional e internacional, con el objetivo de garantizar competencia entre oferentes. Las consultas podrán realizarse hasta el 27 de abril, mientras que las ofertas deberán presentarse antes del 7 de mayo.

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca mejorar la eficiencia del servicio y reducir el gasto público, en línea con una política más amplia de reducción del rol estatal en empresas consideradas estratégicas.

Entre los requisitos establecidos, los interesados deberán demostrar solvencia financiera, cumplir con indicadores económicos mínimos y acreditar disponibilidad de fondos suficientes para garantizar la operación en sus primeras etapas.

Uno de los puntos centrales del pliego es la continuidad del servicio. El futuro operador deberá mantener las operaciones en los 16 aeropuertos durante al menos 180 días, incluso en caso de cambios o reestructuraciones.

Además, se incorporaron restricciones para evitar la concentración del mercado. No podrán participar empresas que ya cuenten con concesiones aeroportuarias o permisos operativos que generen integración vertical en el sector.

La supervisión del proceso estará a cargo de organismos técnicos del Estado, que evaluarán tanto las propuestas económicas como los antecedentes de los oferentes.

Más allá de este caso puntual, la decisión marca el inicio de un proceso más amplio de privatizaciones. El Gobierno busca avanzar con la venta de otras empresas públicas, lo que ya genera debate político y sindical por su impacto en el empleo y en el control de servicios estratégicos.

De esta manera, la licitación de Intercargo se convierte en el primer movimiento concreto de una estrategia que apunta a redefinir el rol del Estado en la economía argentina.