La muerte de Noelia Castillo Ramos, una joven española de 25 años que accedió a la eutanasia este jueves 26 de marzo en Barcelona tras una larga disputa judicial, volvió a instalar la discusión sobre el final de la vida y expuso, una vez más, la falta de avances legislativos en la Argentina sobre este tema.

En el país, la eutanasia activa sigue sin estar regulada, aunque desde 2012 rige la Ley 26.742 de muerte digna, que permite a pacientes con enfermedades irreversibles, incurables o terminales rechazar tratamientos que solo prolonguen la agonía, incluso la hidratación y la alimentación artificial. A ese marco se sumó en 2022 la Ley 27.678 de Cuidados Paliativos, orientada a garantizar atención integral y alivio del sufrimiento, sin habilitar prácticas destinadas a provocar la muerte.

La diferencia entre ambos conceptos sigue siendo uno de los principales obstáculos del debate público. Mientras la muerte digna habilita a interrumpir intervenciones médicas que extienden artificialmente la vida, la eutanasia implica una acción directa para producir la muerte a pedido expreso del paciente, y el suicidio médicamente asistido supone que esa sustancia sea suministrada o prescripta por un profesional para que la persona se la autoadministre. Distintas iniciativas legislativas presentadas en el Congreso buscaron contemplar esas figuras, pero ninguna logró avanzar hasta una discusión de fondo.

Hasta fines de 2025, seguían con estado parlamentario cuatro proyectos para legalizar la eutanasia en la Argentina: tres en la Cámara de Diputados y uno en el Senado. Sin embargo, pese a que el tema atraviesa distintos sectores políticos, el Congreso no lo llevó al recinto y el tratamiento continúa estancado.

Al mismo tiempo, distintas encuestas muestran que existe un respaldo social importante a discutir el derecho a decidir sobre el propio final de vida en situaciones médicas extremas. Un relevamiento de la Universidad de San Andrés registró en 2024 un 79% de apoyo, mientras que un informe de Pulsar-UBA mostró una suba del acuerdo del 72% en 2023 al 76% en 2024.

En ese escenario, el caso ocurrido en España volvió a funcionar como un disparador para mirar la realidad local. La falta de información sobre la ley de muerte digna, la confusión entre conceptos y la ausencia de debate parlamentario mantienen abierta una discusión que, aunque gana respaldo social, todavía no encuentra traducción concreta en el sistema legal argentino.