El Centro de Empleados de Comercio de Río Grande avanzó con una presentación judicial contra la Ley N° 27.802, al considerar que implica un retroceso en materia de derechos laborales. Así lo confirmó su secretario General, Daniel Rivarola, quien explicó que el amparo fue promovido el 16 de marzo de 2026 con el objetivo de que la norma sea declarada nula, inconstitucional y contraria a principios convencionales. Desde el gremio sostienen que la ley reduce garantías individuales y colectivas, abarata despidos, flexibiliza condiciones de trabajo y afecta la representación sindical.

El dirigente remarcó que la iniciativa oficial, presentada bajo la idea de una supuesta modernización laboral, en realidad profundiza la precarización. Entre los puntos cuestionados, mencionó los cambios en el cálculo de las indemnizaciones, la posibilidad de fraccionar vacaciones, la implementación de un banco de horas para alterar la jornada y las modificaciones en la negociación colectiva. Para Rivarola, estas medidas no generan empleo formal ni solucionan la crisis laboral, sino que colocan a los trabajadores en una posición de mayor vulnerabilidad.

También advirtió que el contexto actual, tanto a nivel nacional como en la provincia, ya es complejo para sostener los puestos de trabajo, por lo que consideró que esta legislación agrava aún más la situación. En ese sentido, afirmó que la norma debilita derechos conquistados tras años de lucha sindical, avanza sobre estatutos profesionales vigentes y deja sin un reconocimiento laboral adecuado a quienes se desempeñan en plataformas digitales de reparto y movilidad. Según expresó, esto evidencia una falta de interés en proteger a sectores que hoy continúan en la informalidad.

Respecto del trámite judicial, Rivarola indicó que tras la presentación inicial la jueza federal Mariel Borruto dio intervención al fiscal para que analizara la competencia del tribunal y la admisibilidad de la acción. Más adelante, y en función de un dictamen fiscal y de la existencia de un proceso colectivo similar ya en marcha, se resolvió que la causa sea enviada al Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tramita el expediente impulsado por la CGT. No obstante, el sindicalista subrayó que el planteo del gremio mercantil incorpora además objeciones específicas contra la derogación de estatutos profesionales y contra el régimen previsto para trabajadores de plataformas, y reafirmó que esperan que la ley sea declarada inconstitucional en defensa de los trabajadores.