El estudio tomó forma en la Resolución 17/26, difundida en marzo, luego de una presentación en la que se advertía sobre hechos de violencia ocurridos tanto dentro de las instituciones educativas como fuera del horario laboral. A partir de esa denuncia, la Fiscalía avanzó sobre el análisis de las condiciones de seguridad laboral del personal docente y revisó si la Provincia estaba cumpliendo con las obligaciones legales vinculadas a la prevención y el abordaje de estos casos.
Uno de los principales insumos del expediente fue un informe elaborado por el Equipo Psicosocial de la Dirección Provincial de Atención al Docente, que dio cuenta de un fuerte incremento de situaciones conflictivas durante el año pasado. Allí se detallaron siete hechos de agresión de estudiantes hacia docentes en Ushuaia, cuatro episodios protagonizados por familiares de alumnos contra personal educativo en Ushuaia y Río Grande, un caso entre docentes y otros ocho vinculados con violencia de género, acoso escolar y crisis emocionales asociadas al clima institucional.
Según esa evaluación, se trata de situaciones extremas para las que muchas veces el personal no está preparado. Entre los hechos relevados aparecen amenazas, hostigamientos, intimidaciones verbales y físicas, además de irrupciones de padres o tutores en los establecimientos para increpar a trabajadores de la educación, alterando el normal funcionamiento escolar.
Desde el Ministerio de Educación se afirmó que cada caso fue atendido con intervenciones inmediatas para contener a las personas afectadas y restablecer el funcionamiento de las escuelas. También se recordó que el 17 de noviembre de 2025 se puso en marcha un protocolo provisorio de ingreso, permanencia y egreso, orientado a reforzar controles de acceso y restringir el ingreso de personas ajenas a las instituciones. A eso se sumó la incorporación de más profesionales al equipo psicosocial y la asistencia psicológica sostenida para alrededor de 30 docentes agredidos.
El organismo provincial además destacó la creación de espacios de diálogo, como el Comité Mixto de Salud y Seguridad y los Ateneos de Convivencia, con la intención de canalizar conflictos y analizar casos complejos. Para la cartera educativa, esas medidas reflejan que hubo acciones concretas y que no existió la inacción denunciada inicialmente.
De todos modos, el fiscal diferenció dos dimensiones del problema. Por un lado, el impacto directo que la violencia tiene sobre la integridad física y emocional de los docentes y sobre el clima escolar en general. Por otro, la obligación legal del Estado de garantizar condiciones laborales seguras, prevenir riesgos psicosociales y contar con herramientas claras de actuación frente a agresiones.
En su conclusión, Martínez de Sucre sostuvo que, aunque la denuncia permitió confirmar la existencia de hechos graves, no surge de la investigación que haya existido una ausencia total de respuestas por parte del Estado. Sin embargo, remarcó que las medidas adoptadas hasta ahora resultan insuficientes, porque no conforman un abordaje integral del problema. Observó que el protocolo vigente se enfoca casi exclusivamente en el control de accesos y no incorpora otros aspectos preventivos clave, como la capacitación del personal en desescalada de conflictos, el manejo de crisis, el seguimiento de incidentes o la creación de canales alternativos de comunicación.
Por eso, el informe final plantea que la Provincia todavía tiene tareas pendientes. Entre ellas, avanzar en la institucionalización de herramientas como los Consejos Escolares de Convivencia, fortalecer programas de prevención del acoso y desarrollar una estrategia sostenida en el tiempo que garantice escuelas seguras y resguarde a toda la comunidad educativa.
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