A nivel nacional, la baja también fue significativa. En doce meses, el sector privado formal retrocedió de 6.290.114 a 6.195.925 empleados, lo que implica la destrucción de 94.189 puestos laborales. El dato refleja que, en la mayor parte del país, las desvinculaciones superaron ampliamente a las incorporaciones dentro del universo empresario.
El deterioro fue casi generalizado. Solo cuatro distritos lograron terminar el período con saldo positivo en la generación de empleo: Río Negro, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero. Entre las cuatro jurisdicciones sumaron apenas 8.005 nuevos puestos, un volumen insuficiente frente a la magnitud de las pérdidas registradas en el resto del territorio nacional.
Los mejores desempeños se observaron en provincias vinculadas a actividades extractivas y energéticas. Río Negro encabezó el ranking con 3.233 nuevos empleos, seguida por Neuquén con 3.004. Más atrás quedaron San Juan, con 1.270 incorporaciones, y Santiago del Estero, con 468. El impulso de ramas como el petróleo y la minería explica parte de ese comportamiento, en un contexto donde Vaca Muerta y ciertas inversiones sectoriales sostienen un escenario más favorable que el promedio nacional.
En contraste, varias provincias atravesaron una fuerte contracción. Catamarca fue la que exhibió el peor resultado porcentual, con una caída del 10,5% y 4.045 empleos menos. Tierra del Fuego quedó muy cerca de ese nivel, mientras que Santa Cruz también sufrió un retroceso importante, con 5.155 puestos perdidos y una baja del 8,9%. En términos absolutos, las mayores pérdidas se concentraron en Buenos Aires, con 23.309 empleos menos, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 23.046.
El panorama se amplía si se observan otras formas de empleo registrado. En el mismo período también se redujeron los puestos en el sector público, en casas particulares, entre autónomos y en el monotributo social. En conjunto, todas esas categorías acumularon una pérdida de 132.640 trabajadores. Esa merma fue parcialmente amortiguada por el crecimiento del monotributo, que sumó 93.724 personas, aunque no alcanzó para revertir el balance general.
De esa manera, el total de trabajadores formales del país pasó de 12.891.700 a 12.852.781 en un año, lo que dejó como saldo final una reducción de 38.916 empleos registrados. Sin embargo, detrás de esa cifra aparece otra tendencia: parte de quienes salieron del empleo formal habría encontrado refugio en la informalidad, donde las condiciones laborales son más precarias y sin cobertura de derechos básicos.
Los registros más recientes del Indec muestran que durante 2025 creció la cantidad de trabajadores no registrados en los principales aglomerados urbanos del país. Eso refuerza la idea de que una porción de los puestos perdidos en el circuito formal no se transformó directamente en desocupación abierta, sino en empleos en negro. El problema es que ese pasaje implica menores ingresos, ausencia de obra social, falta de aportes jubilatorios y pérdida de protecciones como indemnización, licencias pagas y respaldo paritario frente a la inflación.
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