La creciente aparición de amenazas y mensajes intimidatorios en establecimientos educativos de Tierra del Fuego encendió las alarmas en la Justicia. En diálogo con FM Del Pueblo, el fiscal Eduardo Urquiza confirmó que ya se registran alrededor de 60 denuncias entre Río Grande y Ushuaia, en el marco de una problemática que genera preocupación en toda la comunidad educativa.

Según explicó el funcionario judicial, la mayoría de los casos corresponden a escritos o grafitis detectados en sanitarios de escuelas, donde se advierte sobre posibles hechos de violencia. “Se trata de mensajes donde se puede inferir un daño o un episodio grave”, indicó, remarcando que estas situaciones no deben ser minimizadas.

En un primer momento, estos hechos eran analizados bajo la figura de amenazas, pero con el correr de las investigaciones se comenzó a evaluar un encuadre más severo. “Se trata de delitos de mayor peligrosidad, como la intimidación pública, que tiene una pena de hasta seis años de prisión”, detalló.

El fiscal también abordó el marco legal vigente en relación a los menores de edad. Señaló que actualmente existe una diferenciación en la imputabilidad según la edad, aunque anticipó que esto cambiará en los próximos meses. “La nueva normativa que baja la edad punitiva entrará en vigencia en septiembre”, explicó, lo que implicará un cambio significativo en el abordaje judicial de este tipo de hechos.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las investigaciones es la identificación de los autores. Urquiza explicó que la modalidad en la que se realizan estos mensajes dificulta avanzar en ese sentido. “Generalmente se hacen en baños, donde no hay cámaras, o a través de redes sociales donde no siempre se puede determinar quién está detrás”, indicó. Además, advirtió que en muchos casos las cuentas o dispositivos pueden estar en manos de adultos, lo que complejiza aún más el rastreo.

A pesar de estas dificultades, el fiscal destacó que hubo intervenciones familiares que permitieron frenar situaciones a tiempo. “En al menos dos casos, los padres actuaron sobre el uso de celulares y dieron aviso a las autoridades educativas, lo que evitó que continuaran estos episodios”, señaló, poniendo en valor el rol clave de las familias.

En ese sentido, Urquiza hizo un fuerte llamado a la responsabilidad parental. “La familia tiene un rol fundamental. No se trata solo de una respuesta penal, que es la última instancia. Antes hay muchas herramientas que deben activarse”, sostuvo. Asimismo, insistió en la necesidad de no subestimar a niños y adolescentes: “Comprenden perfectamente lo que hacen. Lo importante es encontrar la forma de dialogar con ellos”.

El fiscal también subrayó la importancia de la comunidad educativa en su conjunto, integrada por alumnos, docentes, autoridades y familias, y destacó que el abordaje debe ser integral. “Tenemos que apostar al diálogo, a la comunicación y a la prevención. No queremos llegar a una instancia penal”, remarcó.

En paralelo, mencionó que desde el Poder Judicial se vienen impulsando acciones de acercamiento a la comunidad, como simulacros de juicio en escuelas, con el objetivo de que los jóvenes comprendan las consecuencias de sus actos y el funcionamiento del sistema judicial.

Finalmente, Urquiza reiteró que, aunque aún no se haya logrado identificar a los responsables en la mayoría de los casos, los hechos ya constituyen delitos. “Si somos rigurosos, ya se están cometiendo delitos. Lo que buscamos es evitar que esto escale y que podamos intervenir a tiempo”, concluyó.

La situación, que mantiene en alerta a padres, docentes y autoridades, continúa bajo investigación, mientras se refuerzan los mensajes de concientización para prevenir hechos que puedan derivar en consecuencias mayores.