A casi un año del inicio del conflicto, los jubilados policiales territoriales de Tierra del Fuego volvieron a llevar su reclamo a la Legislatura provincial. La protesta se concentró en Ushuaia, en el marco de una nueva reunión de la Comisión N°6, donde los retirados buscaron visibilizar la situación que atraviesan más de 500 familias afectadas por la falta de pago de haberes compensatorios.

El suboficial mayor retirado Alfredo Gatti, uno de los voceros del sector, advirtió que la problemática se arrastra desde hace once meses y que, hasta el momento, no hubo una respuesta concreta por parte de las autoridades. Según sostuvo, el recorte impactó de manera directa sobre una parte fundamental de los ingresos jubilatorios. “De un día para el otro dejaron de pagar”, cuestionó.

La preocupación, sin embargo, excede lo económico. Desde el sector aseguran que la pérdida de ingresos afectó tratamientos médicos, la compra de medicamentos y la organización cotidiana de muchas familias. Gatti afirmó que hubo compañeros que debieron abandonar tratamientos oncológicos y que, durante este período, también se registraron fallecimientos entre los afectados.

Pese al desgaste que implica sostener la protesta, los jubilados continúan movilizándose desde distintos puntos de la provincia. El referente remarcó que cada convocatoria demanda gastos, traslados y organización, algo que según señaló no siempre es tenido en cuenta al momento de analizar la magnitud del reclamo.

Otro de los puntos que genera malestar es la falta de diálogo institucional. Los retirados cuestionan que en encuentros anteriores convocados en el ámbito legislativo no hayan participado representantes de la Caja previsional, a pesar de tratarse de uno de los organismos clave para abordar el conflicto. Para Gatti, esa ausencia refleja una falta de voluntad política para encontrar una salida.

También reclamaron explicaciones sobre el destino de los fondos asignados al sistema previsional durante el año pasado. En ese sentido, pidieron conocer qué ocurrió con esos recursos y por qué no se garantizaron los pagos correspondientes a los jubilados territoriales.

Las respuestas oficiales vinculadas a problemas de liquidez no convencen al sector. Los retirados sostienen que no existió una declaración formal de emergencia económica que respalde una medida de estas características y advierten contradicciones entre los argumentos expuestos públicamente y las posiciones adoptadas en el plano judicial.

La situación se agravó luego del reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, que rechazó los amparos presentados por los afectados. Para los jubilados, esa resolución redujo las alternativas de respuesta inmediata y extendió aún más los plazos de una posible solución.

Mientras analizan nuevas presentaciones judiciales, incluso ante la Corte Suprema, los retirados insisten en que la salida también debe construirse en el plano político. Aseguran que el conflicto ya dejó consecuencias profundas y que, aun si los pagos se regularizan, el daño ocasionado durante estos meses no podrá revertirse por completo.

Con once meses sin percibir la totalidad de sus haberes, el reclamo de los jubilados policiales territoriales continúa creciendo en tensión y se mantiene como uno de los conflictos sociales más sensibles de Tierra del Fuego.