Un fallo judicial de alcance nacional puso a Telefónica en el centro de la escena y encendió una señal de alerta para todo el sector de servicios masivos. La empresa deberá devolver más de $12.600 millones a clientes y ex clientes que pagaron durante años un cargo cuestionado en sus facturas.

La resolución fue homologada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata y marca el cierre de un extenso proceso colectivo iniciado en 2014. El acuerdo contempla la devolución de capital, intereses y sanciones, luego de que la Justicia declarara inválido el cobro aplicado bajo el concepto “SVA-TB”.

El conflicto comenzó cuando la asociación CODEC impulsó una demanda colectiva al considerar que ese cargo, vinculado a servicios de valor agregado en telefonía básica, se cobraba sin autorización expresa de los usuarios. Años más tarde, en 2023, la Justicia le dio la razón a los consumidores y ordenó la restitución de los montos abonados.

La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, lo que terminó de consolidar la obligación de la compañía de avanzar con los reintegros. El acuerdo homologado ahora busca ejecutar esa sentencia y resolver la complejidad de determinar cuánto corresponde devolver en cada caso.

El esquema de pago alcanzará a quienes hayan abonado el cargo desde junio de 2014, siempre que no hayan iniciado reclamos individuales o decidido excluirse del acuerdo. El monto final no será igual para todos, ya que dependerá de la cantidad de meses en los que cada usuario pagó el concepto cuestionado, con intereses y sanciones incluidas.

Para los clientes actuales, la devolución se realizará mediante créditos en sus facturas dentro de los 60 días posteriores a la homologación. En el caso de ex clientes, el cobro podrá concretarse a través de transferencias bancarias, billeteras virtuales o puntos físicos de pago.

El fallo fue dictado por el juez Alejo Ramos Padilla, quien consideró que el acuerdo resulta razonable para resguardar los derechos de los usuarios afectados. Además, el tribunal estableció mecanismos de control para verificar el cumplimiento, entre ellos auditorías, certificaciones contables y eventuales sanciones si la empresa no respeta las condiciones fijadas.

La resolución también ordena una campaña de difusión para informar a los beneficiarios sobre el derecho a cobrar. La comunicación deberá incluir publicaciones oficiales y avisos directos, con el objetivo de que los usuarios conozcan el alcance del reintegro y los pasos a seguir.

Aunque el caso no está vinculado directamente con la morosidad, expone un problema recurrente en los servicios de consumo masivo: la dificultad de detectar cargos poco claros o aplicados automáticamente durante largos períodos. Para la Justicia, la transparencia en la facturación debe ser una condición central en la relación entre empresas y consumidores.

Más allá del monto millonario, el fallo deja un precedente importante. Demuestra que los reclamos colectivos pueden convertirse en una herramienta clave para equilibrar la relación entre grandes compañías y usuarios, especialmente cuando pequeños cargos, repetidos durante años, terminan generando cifras enormes.