El tema volvió a tomar fuerza luego de la exposición del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en un encuentro organizado por Reporte Inmobiliario en la sede de la UCA, en Puerto Madero. Allí confirmó que el Ejecutivo trabaja en un proyecto que sería enviado al Congreso en junio y que buscaría modificar aspectos centrales de la intermediación inmobiliaria.
Desde el Gobierno sostienen que la desregulación permitiría ampliar la competencia, reducir costos, simplificar trámites y eliminar barreras de entrada. Sin embargo, para el sector profesional, el punto más delicado es la matrícula: consideran que quitar ese requisito pondría en riesgo el funcionamiento formal de las inmobiliarias y la seguridad de las operaciones.
La matrícula no solo habilita a ejercer la actividad. También permite identificar a los corredores autorizados, controlar su desempeño, aplicar sanciones y proteger a compradores, vendedores, inquilinos y propietarios frente a posibles irregularidades. Por eso, desde los colegios inmobiliarios aseguran que eliminarla no significaría modernizar el mercado, sino dejarlo con menos garantías.
Una de las voces más críticas fue Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina. La dirigente cuestionó el sustento jurídico de la iniciativa y remarcó que la regulación de la actividad inmobiliaria corresponde a las provincias, no a la Nación.
Liotto sostuvo que el corretaje inmobiliario requiere formación técnica, actualización permanente y responsabilidad profesional. En esa línea, advirtió que permitir el ingreso de personas no calificadas podría derivar en errores, fraudes, prácticas abusivas y conflictos en operaciones que muchas veces involucran los ahorros de toda una vida.
Desde Rosario, Iván Vrancich, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, coincidió en que eliminar la matriculación implicaría una desprotección para todas las partes. Según explicó, si no existe un organismo que controle al intermediario, cualquier caso de mala praxis terminaría directamente en la Justicia ordinaria, con mayores costos y demoras.
El proyecto en análisis también incluiría otros cambios: la posible eliminación de la exigencia de título universitario, el fin de aranceles mínimos, la libertad para fijar honorarios, la apertura a nuevos actores, la posibilidad de operar en distintas jurisdicciones y el avance de procesos digitales, incluida la escrituración.
• Pérdida de control sobre la actividad: al reducir el rol de los colegios, las inmobiliarias matriculadas competirían con actores que no estarían sujetos a las mismas obligaciones.
• Presión sobre los honorarios: la apertura del mercado podría empujar a la baja las comisiones, aun cuando los costos estructurales de las operaciones no dependan principalmente de los honorarios.
• Mayor riesgo de fraudes y conflictos: sin controles previos, podrían aumentar las captaciones engañosas, errores documentales, malas prácticas y reclamos judiciales.
• Competencia desigual: las inmobiliarias formales, que sostienen estructuras, personal, capacitación y cumplimiento normativo, quedarían frente a operadores más livianos y con menos exigencias.
• Pérdida de confianza del público: si aumenta la informalidad, el usuario podría encontrar más dificultades para distinguir entre un profesional habilitado y un intermediario sin respaldo.
• Debilitamiento de la seguridad jurídica: las operaciones inmobiliarias requieren controles, documentación y asesoramiento técnico. Sin profesionales matriculados, las partes quedarían más expuestas.
• Mayor judicialización: los colegios hoy pueden intervenir, mediar y sancionar. Sin ese filtro, muchos conflictos podrían terminar directamente en tribunales.
Desde la Cámara Inmobiliaria Argentina también relativizaron el argumento oficial de que la desregulación bajaría los costos. Su presidenta, Nancy Vieitez, sostuvo que los principales gastos de una operación están vinculados a impuestos, tasas, cargas fiscales, financiamiento, construcción y costos registrales, no exclusivamente a los honorarios profesionales.
Vieitez reconoció que la competencia puede ser positiva, pero advirtió que una apertura sin controles podría generar distorsiones. Entre los riesgos mencionó la aparición de operadores sin responsabilidad, captación engañosa, conflictos entre partes y pérdida de seguridad para los consumidores.
El sector no rechaza la modernización ni el avance de herramientas digitales. De hecho, los colegios profesionales coinciden en que la tecnología puede agilizar procesos y mejorar la eficiencia. Sin embargo, remarcan que la digitalización debe avanzar con plataformas seguras, validación de identidad, protección de datos y controles documentales.
En ese escenario, las inmobiliarias podrían verse obligadas a reconfigurar su modelo de trabajo, fortalecer su marca, profesionalizar sus equipos y diferenciarse por calidad de servicio. Pero advierten que competir contra actores sin matrícula ni exigencias similares podría afectar especialmente a quienes trabajan dentro del sistema formal.
Mientras el Gobierno plantea la desregulación como una forma de dinamizar el mercado, los colegios inmobiliarios insisten en que la matrícula es una garantía para la sociedad. Para el sector, eliminarla no solo impactaría en los corredores, sino también en la seguridad de cada operación de compra, venta o alquiler. Cómo podría perjudicar a las inmobiliarias
• Más competencia informal: la eliminación de la matrícula podría permitir el ingreso de operadores sin formación, sin trayectoria y sin respaldo profesional.
Compartinos tu opinión