En el marco de una investigación federal de gran escala, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal dedicada al desvío de armas desde el mercado legal hacia el circuito ilegal, con ramificaciones en distintas provincias del país, incluida Tierra del Fuego.

El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Investigaciones Antimafia tras más de dos años de tareas investigativas, que incluyeron inteligencia criminal, análisis de información e intervenciones judiciales. Como resultado, se concretaron 133 allanamientos simultáneos en 12 provincias argentinas, entre ellas el territorio fueguino, donde también se desplegaron operativos en el marco de la causa.

La investigación permitió identificar una estructura delictiva organizada que operaba a nivel nacional e internacional, utilizando personas interpuestas para adquirir armamento de manera legal y luego desviarlo al mercado ilegal. Estas maniobras incluían la falsificación de documentación y la participación de distintos actores, como intermediarios, gestores e incluso responsables de comercios vinculados a la venta de armas.

Como saldo de los operativos, fueron detenidas 35 personas y se secuestró un importante arsenal: más de 100 armas de fuego entre pistolas, escopetas, fusiles y ametralladoras, además de una granada, más de 40.000 municiones, cargadores y equipos de recarga.

Según se desprende de la causa, una vez obtenidas, las armas eran modificadas en muchos casos con numeraciones adulteradas e ingresadas al circuito ilegal, donde eran comercializadas tanto dentro del país como en el exterior. Las ganancias eran posteriormente canalizadas mediante maniobras de lavado de activos.

Si bien no se brindaron detalles específicos sobre los resultados puntuales en Tierra del Fuego, fuentes de la investigación confirmaron que la provincia formó parte del entramado operativo, lo que evidencia el alcance federal de la organización y su capacidad logística.

Desde la fuerza destacaron que el operativo permitió desarticular una red que abastecía a distintas estructuras delictivas, debilitando su capacidad de acción. En tanto, los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continúa con la investigación para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados y posibles nuevas conexiones.