Un fallo de la Justicia Federal dispuso que la empresa Google restituya la cuenta del camarista Andrés Leonelli, luego de que fuera suspendida tras un reporte automático que vinculó de manera equivocada material judicial con contenido ilícito. La resolución también exige preservar toda la información almacenada.

El caso expone el funcionamiento de los sistemas automatizados de control de las grandes plataformas digitales y su impacto directo sobre los usuarios, al señalar que la empresa actuó sin analizar el contexto ni considerar las explicaciones presentadas.

Leonelli explicó que el conflicto se originó a partir de un reporte internacional “absolutamente infundado”, pese a que el material estaba claramente identificado como parte de una causa judicial. “Estamos pidiendo mayor transparencia en los procesos automáticos de la empresa cuando se toman decisiones que pueden afectar la vida de las personas”, sostuvo.

Según detalló, la compañía no evaluó los descargos previos que había realizado. “A una corporación internacional le resulta más económico automatizar estos procesos que analizar cada caso en profundidad, y eso termina dejando al usuario en una situación de indefensión”, afirmó.

En esa línea, la resolución judicial consideró que no hubo un tratamiento lógico ni razonable de la información, lo que motivó la orden de restitución de la cuenta. Además, el magistrado indicó que ya existía un antecedente en el ámbito administrativo, donde Defensa del Consumidor también sancionó a la empresa por vulnerar el derecho de defensa del usuario.

El camarista cuestionó además la falta de intervención humana en estos procesos. “Se sostiene que siempre hay revisión, pero en este caso quedó claro que no existió un control real que permitiera entender el contexto del material”, expresó.

En cuanto al contenido observado, explicó que no se trataba de archivos aislados sino de documentación completa, con número de causa, informes y archivos oficiales, todos correctamente identificados.

Leonelli remarcó que el problema no es el uso de tecnología sino la forma en que se implementa. “Nadie discute la necesidad de controles estrictos frente a delitos, pero este no era un caso de ese tipo y fue tratado como tal”, indicó.

Asimismo, vinculó la situación con el modelo de negocio de las plataformas digitales. “Aunque el usuario no pague, las empresas obtienen beneficios millonarios a partir de los datos personales”, sostuvo.

Finalmente, señaló que la causa continúa en trámite y que el cumplimiento de la medida será clave para definir los próximos pasos. “Vamos a evaluar nuevas acciones, incluso una demanda por daños y perjuicios”, adelantó, y destacó que no es habitual que este tipo de reclamos prosperen en la Justicia.