La empresa Aires del Sur (ADS), fabricante de equipos de aire acondicionado comercializados bajo las marcas Electra y Fedders, oficializó su quiebra luego de que la medida fuera publicada este martes en el Boletín Oficial. La firma, con planta industrial en Río Grande, puso fin a sus operaciones en medio de una compleja situación económica y financiera que, según expuso ante la Justicia, se volvió imposible de revertir.

La solicitud fue presentada por el propio directorio de la compañía, encabezado por Roberto Ángel Ceretti, quien asumió la presidencia en noviembre de 2025. En febrero de este año, la administración promovió el pedido judicial argumentando un “estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible”, al sostener que el esquema financiero y comercial de la empresa había dejado de ser viable.

Dentro de la presentación judicial, ADS ofreció como parte de sus activos la planta radicada en Río Grande, valuada por el Banco Nación en más de 15 millones de dólares, además de unos 4.000 kits destinados a la fabricación de equipos de aire acondicionado, estimados en cerca de 2 millones de dólares como producción terminada. La intención era que estos recursos pudieran formar parte de una eventual estrategia de continuidad o saneamiento financiero.

La empresa sostuvo que el problema se profundizó a partir de un modelo de financiamiento que generaba costos superiores a la rentabilidad operativa del negocio. Según se explicó en la documentación judicial, las tasas financieras locales oscilaban entre el 25% y el 30% anual, mientras que los márgenes de utilidad apenas se ubicaban entre el 10% y el 15%, lo que derivó en pérdidas sostenidas y una creciente acumulación de obligaciones económicas.

En un intento por evitar el cierre, la compañía avanzó en conversaciones con el fabricante chino Chigo Group, con el objetivo de analizar una posible inversión y la continuidad de la producción. La propuesta contemplaba la incorporación de capital de trabajo, financiamiento externo y el envío mensual de kits para sostener la actividad industrial en la planta fueguina. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron debido a los tiempos requeridos para evaluaciones y visitas técnicas, incompatibles —según la empresa— con la urgencia financiera que atravesaba ADS.

Paralelamente, la firma había elevado ante la Justicia un esquema de “continuidad productiva controlada” destinado a terminar de ensamblar kits ya importados, utilizar esos ingresos para afrontar salarios pendientes, compromisos con proveedores y conformar un fondo indemnizatorio. No obstante, el tribunal rechazó la iniciativa el 19 de febrero, dejando sin efecto la última alternativa planteada por la administración para sostener la actividad.

La quiebra se produce además en un contexto de debate sobre el futuro del régimen industrial de Tierra del Fuego, mientras el sector atraviesa cambios regulatorios, caída del consumo y mayores presiones competitivas en el mercado de productos electrónicos y de línea blanca.