El presidente del Colegio de Abogados de Río Grande, Renán Uribe Martínez, manifestó preocupación por el conflicto institucional entre el Consejo de la Magistratura y el Superior Tribunal de Justicia en torno a la designación de una jueza de Familia en Ushuaia y sostuvo que la situación genera un fuerte impacto en el funcionamiento judicial y en el acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía.

En diálogo radial, Uribe planteó diferencias con la postura adoptada por el Superior Tribunal y aseguró que interpreta la normativa en línea con el criterio del Consejo de la Magistratura, organismo que impulsó la designación de la doctora Guerrero. “Yo interpreto la normativa como lo está interpretando el Consejo de la Magistratura”, sostuvo, aunque aclaró que se trata de una interpretación jurídica personal.

El abogado remarcó que el mecanismo de selección judicial viene funcionando bajo determinados criterios desde hace décadas y consideró que el escenario actual abre un interrogante institucional. “Hace 30 años que se viene desarrollando de esta forma. Han cambiado de criterio, por lo que vemos”, expresó. Y agregó: “Si esto va a seguir así, o si el perfil al que apunta el Superior va a ser este, yo me pregunto: ¿para qué entonces está el Consejo de la Magistratura?”.

Uribe explicó que el Consejo desarrolla concursos, entrevistas y evaluaciones para determinar quién reúne las condiciones más adecuadas para ocupar un cargo judicial. “Hay una logística y una mecánica de elección donde se dice cuál es la persona idónea para ocupar ese cargo”, señaló, al sostener que en este caso el organismo resolvió impulsar la designación de la doctora Guerrero para el Juzgado de Familia.

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias prácticas del conflicto institucional y sostuvo que la falta de definiciones afecta directamente el servicio de Justicia. “Hoy Ushuaia no tiene jueza de Familia. Eso retrasa toda la actividad judicial, retrasa la labor de los colegas y retrasa la llegada de la administración de Justicia al ciudadano”, afirmó.

El presidente del Colegio de Abogados indicó además que, más allá del debate jurídico sobre competencias, la ciudadanía necesita respuestas concretas. “El ciudadano lo que está pidiendo es que designen rápidamente a una jueza o que hagan algo para resolver la situación”, expresó, al remarcar que el contexto institucional se desarrolla en un escenario social y económico complejo.

Consultado sobre cómo podría continuar el conflicto, Uribe sostuvo que primero será necesario conocer si hubo o no respuesta formal del Superior Tribunal al emplazamiento realizado por el Consejo de la Magistratura. “Habrá que ver si contestaron o no y, en base a eso, definirá el Consejo qué va a hacer”, indicó, sin descartar nuevas acciones institucionales o judiciales.