El Senado de la Nación emitió dictamen sobre un proyecto de ley vinculado a propiedad privada que propone eliminar los límites actuales para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque deja en manos de las provincias la facultad de autorizar y regular esas operaciones dentro de sus territorios. La iniciativa sería debatida en el recinto durante la primera semana de junio, en medio de negociaciones para ampliar consensos parlamentarios.

El texto establece que las provincias conservarán jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus límites, en línea con lo previsto por la Constitución Nacional, y serán quienes deberán intervenir en la autorización de ventas de tierras a extranjeros cuando no exista participación de un Estado extranjero en la operación.

No obstante, el proyecto mantiene restricciones para determinados actores internacionales. Según se plantea, quedará prohibida la compra de tierras por parte de Estados extranjeros, empresas donde un gobierno extranjero tenga participación societaria o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con recursos de otro país.

Además del capítulo sobre tierras, el proyecto incorpora modificaciones relacionadas con desalojos. En ese punto, se propone un mecanismo de desalojo exprés únicamente para casos de inmuebles usurpados, mientras que para situaciones derivadas de incumplimientos contractuales, como alquileres impagos, se mantiene un sistema de intimación previa. El nuevo esquema establece un plazo de diez días para intimar el pago antes de avanzar judicialmente, ampliando el tiempo originalmente planteado.

Durante el debate parlamentario también se introdujeron cambios respecto a barrios populares, registro de terrenos y manejo del fuego, mientras algunos sectores de la oposición solicitaron más tiempo para analizar el texto antes de avanzar hacia su tratamiento en el recinto.