El Gobierno nacional avanza en una propuesta para dejar sin efecto la actual Ley de Etiquetado Frontal de alimentos, vigente desde 2021, y avanzar hacia un nuevo esquema que unifique criterios con otros países del Mercosur. La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsadas por el oficialismo y ya cuenta con un proyecto presentado en el Congreso, mientras el Poder Ejecutivo trabaja en una alternativa normativa.

La legislación actual obliga a las empresas alimenticias a incorporar octógonos negros en el frente de los envases cuando un producto presenta excesos de azúcares, sodio, grasas o calorías, además de advertencias sobre la presencia de edulcorantes o cafeína. También establece restricciones publicitarias, especialmente en productos destinados a niños y adolescentes.

Desde el oficialismo sostienen que el sistema vigente no logró los objetivos planteados y cuestionan el modelo técnico utilizado para determinar las advertencias nutricionales. Según explican, el esquema argentino utiliza parámetros basados en proporciones de nutrientes respecto al total de calorías, lo que —afirman— podría generar interpretaciones confusas para los consumidores y dificultades para que las empresas reformulen sus productos.

En este contexto, legisladores aliados al Gobierno impulsaron un proyecto para derogar la ley actual y avanzar hacia un sistema regional armonizado con el Mercosur. La intención es adoptar estándares similares a los utilizados en países como Brasil, Chile y Uruguay, que se basan en cantidades absolutas de nutrientes por cada 100 gramos de producto. Según argumentan, esto permitiría reducir costos para la industria y facilitar la comercialización entre países del bloque.

La propuesta también se da luego de cambios introducidos en 2024, cuando se ajustaron aspectos vinculados a la publicidad y promoción de alimentos y bebidas con sellos de advertencia, especialmente aquellos dirigidos a niños y adolescentes, incorporando además nuevas exigencias sobre información al consumidor y consumo responsable.

Mientras el debate comienza a tomar forma en el Congreso, el futuro del sistema de etiquetado frontal volverá a instalarse en la agenda pública, con discusiones sobre su impacto en la salud, el comercio y el consumo alimentario.