El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, analizó el escenario político provincial tras el fallo judicial que dejó sin efecto la convocatoria a elecciones constituyentes y luego del rechazo legislativo al veto del gobernador Gustavo Melella sobre la reforma constitucional.

En declaraciones a FM La Isla, el funcionario consideró que el debate por la reforma “está terminado” y sostuvo que la dirigencia debe volver a poner en el centro de la agenda las necesidades concretas de la población. En ese sentido, afirmó que el principal consenso que debe buscar la política es “con la gente” y no alrededor de discusiones alejadas de los problemas cotidianos.

Díaz remarcó que actualmente no existe una demanda social vinculada a modificar la Constitución provincial. “No se puede gobernar de espaldas a la gente. No hay reforma constitucional que vaya hoy a solucionarles los problemas reales que tienen los vecinos de Tierra del Fuego”, expresó.

El funcionario sostuvo que la provincia debe concentrarse en fortalecer su matriz productiva y económica, con especial atención en sectores como la industria electrónica, textil, plástica, hidrocarburífera, el turismo, la pesca y la actividad forestal. Según planteó, esos son los temas que impactan de manera directa en el empleo y en la vida diaria de las familias fueguinas.

También cuestionó la falta de respaldo político, social y judicial al proceso reformista. “No hay lugar para caprichos de aquellos que se autoperciben valientes. Si no hay reforma constitucional es justamente porque no hay consenso social, no hay consenso legislativo y ahora claramente no hay consenso judicial”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, Díaz defendió el rol del Estado municipal y destacó que desde Río Grande buscan demostrar que es posible sostener servicios públicos sin aplicar recortes indiscriminados. Mencionó áreas como transporte público, salud, obras sanitarias, recolección de residuos y generación de suelo urbano. “No hay por qué pasar una motosierra a un Estado que funciona”, remarcó.

El secretario de Gobierno también se refirió al conflicto por la deuda de coparticipación que mantiene la Provincia con los municipios. Indicó que el atraso acumulado rondaría los 17 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 10 mil millones ya serían exigibles, y advirtió que los vecinos de Río Grande necesitan una respuesta inmediata.

Díaz cuestionó que el Ministerio de Economía provincial haya planteado esperar hasta mediados de junio para presentar una propuesta de pago, al considerar que los plazos son demasiado extensos frente a la situación financiera que atraviesan los municipios. Además, señaló que se trata de fondos nacionales que ya fueron transferidos a la Provincia y que luego no llegaron a las administraciones locales.

En ese punto, vinculó las declaraciones del ministro de Economía provincial con un reconocimiento del uso de recursos municipales para cubrir obligaciones provinciales. “Si se implementaba la Ley de Goteo se ponían en riesgo servicios provinciales, entonces lo que está reconociendo es que está utilizando recursos que son de los municipios para cubrir servicios que debiera hacerse cargo la Provincia”, sostuvo.

Por último, el funcionario aseguró que el Municipio de Río Grande realizó ajustes internos para mantener el equilibrio financiero sin afectar servicios esenciales. Además, valoró el funcionamiento institucional de la ciudad y la relación entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. “Tenemos un Concejo Deliberante que discute, debate, pero acuerda, y creo que eso hay que sostenerlo”, concluyó.