En la sesión desarrollada este jueves, el Concejo Deliberante de Río Grande aprobó el Dictamen N° 37/2026 impulsado por la concejal Alejandra Arce, una iniciativa que introduce modificaciones al régimen de tierras fiscales y habilita un nuevo programa municipal de venta de lotes destinado a vecinos de la ciudad.

La ordenanza aprobada plantea una adecuación normativa sobre suelo fiscal urbano y actualiza distintos artículos de la Ordenanza Municipal N° 895/97, vinculada al funcionamiento del Registro de Demanda Habitacional y los mecanismos de adjudicación de predios municipales.

Entre los fundamentos del proyecto se menciona el crecimiento sostenido de la demanda habitacional en Río Grande y la necesidad de generar políticas públicas que faciliten el acceso al suelo urbano. El texto señala que actualmente existen 6.455 postulantes activos registrados en la Dirección General de Hábitat.

Uno de los puntos centrales de la ordenanza es la creación de un programa de venta de lotes municipales en la urbanización ubicada en la Sección F, Macizo 244, Parcela 2, correspondiente al sector de Chacra XII. La iniciativa apunta a facilitar el acceso a terrenos para vivienda familiar.

La normativa establece que los adjudicatarios deberán destinar los lotes principalmente a la construcción de viviendas y tendrán un plazo de 18 meses para iniciar las obras desde la toma de posesión.

Además, se fijaron nuevos requisitos para acceder a los terrenos, entre ellos ser mayor de 18 años, contar con DNI argentino, acreditar domicilio real en Río Grande y no poseer otra solución habitacional en el país. También se contempla la situación de estudiantes que se encuentren fuera de la ciudad por motivos académicos.

Otro de los aspectos incorporados por la ordenanza es la actualización obligatoria anual de datos para quienes integren el Registro de Demanda Habitacional. En caso de no realizarse durante un año consecutivo, el postulante podrá ser dado de baja previa intimación formal.

La ordenanza también autoriza al Municipio, por el plazo de dos años, a cancelar obligaciones derivadas de obras, servicios públicos y contrataciones mediante compensaciones, pagos en especie o permutas utilizando tierras del dominio privado municipal.

Asimismo, se habilita al Ejecutivo municipal a rezonificar proyectos urbanísticos públicos declarados de interés social y se incorpora una bonificación del 25% para adjudicatarios que cancelen en un solo pago el valor de su terreno fiscal.

La iniciativa fue aprobada sobre el cierre de la sesión y ahora deberá ser promulgada por el Ejecutivo municipal para su entrada en vigencia.