Ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone regular el acceso a la eutanasia y a la muerte médicamente asistida en Argentina, con el objetivo de permitir que personas con enfermedades graves, incurables o padecimientos crónicos e irreversibles puedan solicitar asistencia médica para poner fin a su vida bajo determinadas condiciones.

La iniciativa plantea incorporar la denominada “Asistencia Médica para Morir” dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que implicaría cobertura integral y sin copagos, además de un procedimiento regulado dentro del sistema sanitario.

El proyecto contempla dos modalidades: por un lado, la eutanasia, entendida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud a pedido expreso del paciente; y por otro, la muerte asistida, donde el profesional proporciona la medicación para que sea la propia persona quien decida administrársela.

De aprobarse, podrían acceder al procedimiento quienes padezcan enfermedades graves e incurables, o condiciones crónicas e incapacitantes que generen sufrimientos físicos o psíquicos persistentes e intolerables, sin posibilidades razonables de mejoría o cura. También se exigiría que la solicitud sea libre, voluntaria, consciente e informada.

Entre los requisitos previstos, las personas deberán tener al menos 16 años, ser argentinas o contar con residencia permanente en el país de al menos un año y encontrarse en condiciones de otorgar consentimiento informado al momento de solicitar el procedimiento.

La propuesta establece además un proceso de evaluación interdisciplinaria, integrado por profesionales de salud mental, especialistas en cuidados paliativos y bioética, quienes deberán acompañar al paciente y verificar que cuente con toda la información necesaria. Posteriormente, un médico consultor externo e independiente deberá revisar el diagnóstico y corroborar que se cumplan las condiciones exigidas por la ley.

El procedimiento podría realizarse tanto en instituciones sanitarias como en el domicilio elegido por el paciente y deberá garantizar condiciones que eviten sufrimiento. Además, la persona tendría la posibilidad de estar acompañada por quien decida y podría desistir de la solicitud en cualquier etapa del proceso.

El debate sobre la eutanasia y la muerte asistida ya tiene antecedentes en otros países de la región. Uruguay avanzó recientemente con una legislación específica y realizó su primer procedimiento legal, mientras que Colombia mantiene un sistema habilitado a partir de fallos judiciales y posteriores regulaciones sanitarias.