La reforma inmobiliaria que impulsa el Gobierno nacional comenzó a instalar un debate que excede al funcionamiento del mercado de propiedades. Aunque la iniciativa es presentada como una medida para reducir regulaciones, ampliar la competencia y facilitar el acceso a la actividad, distintos sectores advierten que el punto central podría terminar siendo constitucional: quién tiene autoridad para regular el ejercicio profesional.

El proyecto promovido desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, apunta contra exigencias vinculadas con matrículas, corredores y costos de intermediación. Sin embargo, colegios profesionales, especialistas en derecho público y referentes del sector sostienen que la Nación no tendría facultades para modificar sistemas creados por leyes provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires.

La discusión se apoya en el esquema federal argentino. Desde hace décadas, profesiones como abogados, escribanos, médicos, arquitectos, contadores, ingenieros y corredores inmobiliarios funcionan bajo regímenes de matriculación obligatoria definidos por cada jurisdicción. Esas normas establecen requisitos para ejercer, organismos de control y mecanismos disciplinarios.

Quienes cuestionan la reforma señalan que las provincias conservan las competencias que no delegaron expresamente al Estado nacional. Por eso, consideran que cualquier intento de eliminar o modificar matrículas locales mediante una norma nacional podría chocar con el orden constitucional y abrir una fuerte judicialización.

En ese escenario, los colegios profesionales anticipan una posible presentación de amparos, medidas cautelares y planteos de inconstitucionalidad si el Gobierno avanza con la iniciativa. El conflicto, según advierten, podría escalar hasta la Corte Suprema, que debería definir los límites entre las facultades federales y provinciales en materia de regulación profesional.

Desde las entidades del sector rechazan que la matrícula obligatoria sea sólo una traba burocrática. Afirman que cumple un rol de control y protección para usuarios y consumidores, especialmente en operaciones inmobiliarias que involucran montos importantes y decisiones patrimoniales sensibles. También remarcan que los colegios permiten verificar antecedentes, exigir formación mínima y sancionar conductas indebidas.

Otro argumento planteado por las entidades profesionales está vinculado al financiamiento. Sostienen que actualmente los colegios se mantienen con aportes de sus matriculados y no implican un gasto directo para el Estado. En ese sentido, advierten que eliminar esas estructuras podría obligar a las provincias a crear nuevos organismos públicos para asumir tareas de control, registro y fiscalización.

El debate, aunque hoy se concentra en los corredores inmobiliarios, es seguido de cerca por otras profesiones reguladas. El resultado de esta discusión podría sentar un precedente para múltiples actividades que dependen de matrículas locales. Por eso, más allá del mercado inmobiliario, la controversia apunta al corazón del federalismo: quién decide quién está habilitado para ejercer una profesión en cada provincia.