El exdirector del Servicio Penitenciario Provincial, Claudio Canovas, salió a cuestionar con dureza la conducción actual del organismo, en medio de la investigación judicial que involucra graves hechos ocurridos dentro de la Unidad de Detención 1 de Río Grande. El exfuncionario sostuvo que la situación requiere una respuesta política inmediata y apuntó directamente contra Ariel Ciares, actual titular del servicio.

En declaraciones a Radio Provincia, Canovas afirmó que la conducción penitenciaria debería haber dado un paso al costado ante la magnitud de los hechos denunciados. “El director Ariel Ciares ya tendría que haber presentado la renuncia”, expresó, al considerar que no puede continuar al frente del organismo mientras se investigan episodios de violencia, presuntos abusos y posibles responsabilidades internas.

La causa, que se encuentra en manos de la jueza Cecilia Cataldo y del fiscal Martín Bramatti, analiza hechos ocurridos en mayo, cuando tres internos habrían sido atacados dentro de un pabellón que, según la investigación, habría permanecido liberado durante más de dos horas. En ese contexto, también se investiga una presunta red de connivencia entre agentes penitenciarios e internos.

Canovas sostuvo que lo ocurrido revela fallas profundas en los controles internos del penal. A su entender, el problema central estuvo en la falta de supervisión y en permitir que determinados sectores funcionaran sin el control correspondiente. “Lo que ha fallado ahí es el trabajo penitenciario en sí, el contralor”, señaló.

El exdirector, quien estuvo más de siete años al frente del Servicio Penitenciario Provincial, aseguró que la situación le genera tristeza por su vínculo con la institución. “Me apena mucho, porque es una institución a la cual quiero mucho”, manifestó, aunque remarcó que el afecto por el organismo no puede impedir la toma de decisiones firmes.

En su análisis, Canovas consideró que las responsabilidades no se agotan en el penal ni en la conducción penitenciaria, sino que alcanzan también al Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete y el propio Gobierno provincial. “Son los que tienen que tomar decisiones fuertes”, afirmó, al reclamar una medida ejemplificadora frente a la gravedad del caso.

Como parte de la investigación se realizaron allanamientos en domicilios de siete agentes penitenciarios, entre ellos el del director desplazado del penal, Raúl Ciares, hermano de Ariel Ciares. Este vínculo familiar dentro de la estructura institucional también quedó bajo la mirada pública, mientras el actual director del Servicio Penitenciario continúa en funciones y enfrenta causas abiertas por presunto abuso de autoridad y violencia institucional.

Las declaraciones de Canovas volvieron a colocar en el centro del debate la situación del sistema penitenciario fueguino, los mecanismos de control dentro de las unidades de detención y la necesidad de definir responsabilidades institucionales mientras avanza la investigación judicial.