Los trabajadores judiciales de Tierra del Fuego volverán a intensificar su plan de lucha este viernes, con un paro total de actividades por 24 horas impulsado por la UEJN y el SEJUP. La medida será el cierre de una nueva etapa de protesta que comenzó con cese de actividades y que tiene como eje principal el pedido de recomposición salarial.

Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, seccional Tierra del Fuego, remarcaron que el conflicto no responde a una decisión aislada, sino al fuerte deterioro del poder adquisitivo que atraviesa el sector. En ese sentido, advirtieron que una encuesta interna reflejó que más del 80% de los trabajadores judiciales tiene dificultades para cubrir sus gastos mensuales y que muchos deben endeudarse para sostener a sus familias.

El reclamo también sumó cuestionamientos hacia el Superior Tribunal de Justicia por la difusión de la Acordada N° 125/99. Desde el gremio señalaron que ya presentaron un recurso de reconsideración, al considerar que una disposición de funcionamiento interno no puede condicionar el ejercicio de un derecho constitucional como la huelga.

“El derecho de huelga se ejerce, no se concede”, expresaron desde la conducción sindical, al defender la legalidad de las medidas de fuerza. Además, recordaron que ese derecho está protegido por la Constitución Nacional y por normas internacionales vinculadas a la libertad sindical.

En paralelo, la UEJN destacó el acompañamiento de magistrados y funcionarios que colaboran con las guardias mínimas durante las jornadas de protesta. También valoró las manifestaciones públicas de la Asociación de Magistrados y Funcionarios respecto de la situación salarial que afecta a distintos sectores del Poder Judicial.

Por su parte, desde el SEJUP manifestaron preocupación por la falta de definiciones sobre futuros aumentos. Según indicaron, hasta el momento solo está previsto el incremento del 4% correspondiente a julio, que será percibido en agosto.

Los gremios sostienen que las medidas tienen carácter excepcional, pero remarcan que la situación salarial también lo es. En ese marco, insistieron en que no puede garantizarse una Justicia independiente si quienes integran el sistema judicial ven deterioradas sus condiciones de vida y reclamaron una respuesta concreta por parte del Superior Tribunal de Justicia.