La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a cumplir parcialmente la Ley de Financiamiento Universitario, al rechazar el recurso presentado por el Gobierno por considerar que no existía una sentencia definitiva. De este modo, continúa vigente la orden judicial para actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales, además de recomponer programas destinados a estudiantes.

La decisión del máximo tribunal fue firmada por sus tres integrantes y ratifica la resolución de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que había ordenado la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 mientras se resuelve el fondo de la causa. El expediente fue impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades, quienes cuestionaron el decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo condicionó la aplicación de la norma a la definición de las fuentes de financiamiento.

La cautelar dispone la actualización de los haberes docentes y no docentes desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, así como la recomposición de los programas estudiantiles. Sin embargo, no alcanza a otros aspectos contemplados en la legislación, como la recomposición presupuestaria de las universidades para 2024 y 2025 ni otras partidas destinadas al fortalecimiento institucional.

En su resolución, la Cámara había considerado que el Estado no logró desvirtuar los argumentos presentados por las universidades y advirtió que el incumplimiento de la ley podía provocar un deterioro salarial que afectara el derecho a enseñar y aprender. También sostuvo que el impacto económico de aplicar la norma no representaba un perjuicio significativo para las cuentas públicas.

La decisión de la Corte se conoce luego del acuerdo firmado el 10 de junio entre el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes. Ese entendimiento contempló una recomposición salarial del 24,33%, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades, la ampliación de las partidas para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuela Belgrano.

Si bien ese acuerdo ya había establecido las actualizaciones salariales, por lo que el fallo no genera un impacto económico inmediato, la resolución del máximo tribunal representa un respaldo judicial a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras tanto, la causa principal, que busca definir la constitucionalidad del decreto 759/2025, continuará su trámite en los tribunales.