El abogado Paulino Rossi cuestionó el acuerdo firmado por el Gobierno de Tierra del Fuego para ejecutar el tendido eléctrico en el barrio desarrollado por la inmobiliaria Moliterno y sostuvo que resulta contradictorio que el Estado destine recursos para resolver incumplimientos de emprendimientos privados mientras continúa sin resolverse la situación de las familias damnificadas en el barrio Altos de la Patagonia, causa en la que representa a los afectados.

Rossi explicó que el caso de Altos de la Patagonia corresponde a un barrio perteneciente a la Caja Compensadora de la Policía Territorial, cuya situación se encuentra judicializada desde hace varios años.

"Tenemos un llamado de indagatoria pendiente a cinco comisarios que dirigían la seguridad de esta provincia, más dos empresarios extremadamente reconocidos de la ciudad de Ushuaia. Todavía no podemos lograr que se sienten a explicar qué pasó cuando estas 60 familias fueron estafadas", afirmó.

El abogado señaló que las demoras en la causa generan una fuerte sensación de impunidad y aseguró que las apelaciones vienen retrasando el avance del expediente.

"Se apela, se tarda cada apelación más de un año y todavía no podemos lograr que haya una indagatoria. Estamos hablando de funcionarios que administraban fondos públicos y de empresarios muy conocidos", expresó.

Al referirse al anuncio realizado por el Gobierno provincial sobre las obras de infraestructura para otro barrio comercializado por la inmobiliaria Moliterno, Rossi dijo compartir la satisfacción de los vecinos que finalmente accederán a un servicio esencial, aunque cuestionó que la inversión pública llegue para solucionar incumplimientos privados.

"Me alegro por la gente que va a tener una solución. Pero mi indignación es que salga el Estado a poner la plata cuando los privados ya se la llevaron toda. Primero cobraron los terrenos y ahora termina pagando la sociedad", manifestó.

Asimismo, sostuvo que las familias a las que representa nunca recibieron respuestas por parte de las actuales autoridades provinciales.

"Ningún funcionario de la actual gestión recibió jamás a las 60 familias que fueron estafadas. Esto tiene carácter de estafa y todavía nadie les dio una respuesta", afirmó.

Rossi remarcó que quienes compraron terrenos en Altos de la Patagonia buscaban acceder a una vivienda propia y no realizar un negocio inmobiliario.

"No había una especulación inmobiliaria. Esa gente compró un terreno para hacer su casa y todos miran para el costado. Hace años que no logramos ni siquiera una indagatoria", indicó.

Consultado sobre las operaciones de venta de lotes, recordó que la normativa vigente en Tierra del Fuego prohíbe la comercialización de terrenos sin servicios por parte de desarrolladores privados.

"Hoy en Tierra del Fuego está prohibida la preventa de terrenos sin servicios. Cualquier inmobiliaria que oferte lotes en esas condiciones está fuera de la normativa y está cometiendo un ilícito. Eso es categórico", aseguró.

Finalmente, insistió en que el Estado no debería terminar asumiendo obligaciones que correspondían a quienes desarrollaron los emprendimientos.

"Están haciendo obras sobre empresarios que no cumplieron. La gente ya pagó esos terrenos y ahora el Estado termina haciendo las obras", concluyó.