El presupuesto educativo nacional registró una fuerte reducción durante los últimos dos años. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el gasto destinado a Educación y Cultura cayó 47,7% en términos reales durante el bienio 2024-2025.

El estudio señala que en 2024 la función Educación y Cultura tuvo una contracción real del 43,2% respecto del año anterior y redujo su participación en el Producto Bruto Interno en alrededor de 0,6 puntos porcentuales. Si bien la baja se dio en el marco de un ajuste general del gasto público nacional, el informe advierte que el recorte fue especialmente profundo en el área educativa.

Una de las principales causas de esa caída fue la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que hasta entonces complementaba los salarios docentes en las provincias. A partir de esa decisión, las jurisdicciones debieron asumir una mayor carga financiera, profundizando el carácter descentralizado del sistema educativo argentino.

En 2025, la tendencia continuó con una nueva baja del 7,9% real. “El ajuste volvió a concentrarse en algunos de los principales componentes del gasto educativo nacional, particularmente las transferencias destinadas a universidades y provincias y a programas de apoyo a estudiantes”, señaló el IIEP.

El panorama hacia 2026 también aparece condicionado por la falta de ampliación de partidas. De mantenerse el esquema vigente, el gasto educativo nacional tendría una nueva caída real del 12,7%, lo que implicaría tres años consecutivos de retroceso. Además, la participación de Educación y Cultura en el PBI y dentro del gasto total de la Administración Pública Nacional quedaría en niveles mínimos desde el inicio de la serie.

Por programas, el informe indicó que las transferencias para el financiamiento universitario, a través del programa Desarrollo de la Educación Superior, tuvieron una merma real del 5,4% interanual en 2025. En tanto, las becas estudiantiles se redujeron 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas cayó 49,5%. La principal excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que aumentó su ejecución y se consolidó como una de las líneas centrales de la Secretaría de Educación.

El informe también analizó el debate sobre los modelos de financiamiento educativo. Históricamente, el sistema argentino se apoyó en un esquema orientado a la oferta, mediante el cual el Estado financia instituciones, cargos docentes, salarios e infraestructura para garantizar condiciones básicas de funcionamiento.

Frente a ese modelo, el Gobierno impulsa mecanismos vinculados al financiamiento de la demanda, como vouchers, becas o transferencias directas a familias. Estas herramientas buscan reforzar la libertad de elección y la competencia entre instituciones, aunque el IIEP advirtió sobre sus posibles consecuencias en términos de equidad.

“En contextos de fuerte desigualdad, los mecanismos de competencia pueden derivar en segmentación de la matrícula, debilitamiento de la oferta estatal y ampliación de brechas preexistentes”, explicó el informe.

Según el estudio, desde 2024 se aplican vouchers para familias con hijos en escuelas privadas subvencionadas, que alcanzaron a 830.000 estudiantes en 2024 y a 504.808 en 2025. Sin embargo, el IIEP aclaró que “esta iniciativa no constituyó un sistema generalizado, sino una transferencia focalizada y orientada a cubrir parcialmente el pago de cuotas”.

En esa línea, el organismo sostuvo que “la implementación del programa implicó un refuerzo a los recursos nacionales destinados a la educación de gestión privada, en un contexto de desfinanciamiento a la estatal”. También recordó que en 2023 se habilitó la deducción en Ganancias de gastos escolares privados, un beneficio fiscal que alcanza principalmente a sectores de mayores ingresos.

El informe también puso la lupa sobre el proyecto de “Libertad Educativa”, que propone transferencias a instituciones privadas. “Si bien el objetivo es garantizar el derecho de los padres a optar por una educación acorde a sus valores, esto implicaría una nueva vía de refuerzo al financiamiento de las escuelas privadas en el marco de un retroceso de los recursos para la educación pública. Los cambios podrían profundizar la segmentación del sistema y tener efectos desigualadores en el acceso a la educación de calidad”, señaló el IIEP.

Finalmente, el estudio remarcó que el alcance de estas políticas es limitado, ya que la matrícula educativa se concentra mayoritariamente en escuelas públicas, con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Podemos decir que estas políticas podrían contribuir a reforzar las desigualdades territoriales existentes en materia de capacidad de financiamiento, ya que algunas de las jurisdicciones donde se concentra la mayor parte de la matrícula de gestión privada son aquellas con mayor disponibilidad presupuestaria”, concluyó.