El Senado resolvió aplazar hasta el próximo 6 de agosto el tratamiento del proyecto conocido como ley de propiedad privada, luego de que el oficialismo reconociera que todavía no contaba con los respaldos necesarios para avanzar. La moción presentada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue aprobada con 65 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.

La iniciativa impulsada por el Gobierno propone cambios en distintos aspectos vinculados con las expropiaciones, los desalojos, el uso de terrenos afectados por incendios y la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre las modificaciones analizadas se encuentra la ampliación de cinco a veinte días del plazo para concretar desalojos.

Uno de los puntos que mayores diferencias provocó fue el relacionado con la compra de tierras rurales. El último borrador establecía restricciones para los Estados extranjeros y para las compañías que cuenten con participación estatal de otros países. En este último caso, podrían existir excepciones con la autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.

El mismo criterio alcanzaría a las propiedades situadas en zonas de frontera, consideradas áreas sensibles para varias provincias. Durante las negociaciones también se eliminó la figura del silencio administrativo y quedó afuera el capítulo referido a los barrios populares, que había generado cuestionamientos entre diferentes bloques.

El proyecto, promovido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, atravesó sucesivas modificaciones y ya acumula alrededor de quince versiones. Las dificultades para alcanzar un texto consensuado provocaron malestar entre los sectores dialoguistas, que reclamaron mayores precisiones sobre los alcances de la reforma.

Ante la falta de acuerdos, Bullrich solicitó pasar la sesión a cuarto intermedio y trasladar la discusión al encuentro previsto para agosto. La decisión evitó que el oficialismo sometiera la propuesta a una votación sin garantías de aprobación, aunque volvió a exponer los problemas de La Libertad Avanza para reunir mayorías en la Cámara alta.

Pese a la postergación, el Senado aprobó 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos. Entre las designaciones se destacó la continuidad por cinco años del camarista Víctor Pesino, mientras que las promociones en el servicio exterior permitieron destrabar expedientes pendientes en la Cancillería.

Para la sesión del 6 de agosto también está previsto el tratamiento de la denominada ley Hojarasca, que busca derogar normas consideradas antiguas y que ya cuenta con media sanción de Diputados. El oficialismo intentará sumar nuevamente el proyecto de propiedad privada, siempre que logre resolver las diferencias internas y conseguir los votos necesarios.