Desde septiembre no podrán vender celulares ni routers que no estén registrados ante Enacom

A partir del 1 de septiembre, los fabricantes, importadores, comercios y vendedores de plataformas digitales no podrán comercializar en Argentina celulares, routers y otros dispositivos de telecomunicaciones que no cuenten con la homologación correspondiente y su inscripción en el Registro de Actividades y Materiales de Telecomunicaciones, conocido como Ramatel.

La obligación también alcanzará a quienes publiquen estos productos en tiendas virtuales, páginas propias o portales de comercio electrónico. Cada anuncio deberá mostrar el número de registro asignado por el Ente Nacional de Comunicaciones, para que los consumidores puedan comprobar que el modelo está habilitado para venderse en el país.

En consecuencia, vendedores independientes, importadores no oficiales y comercios que ofrezcan equipos sin ese número podrían recibir sanciones y quedar imposibilitados de continuar con la comercialización. La medida comprenderá celulares, routers, puntos de acceso Wi-Fi, auriculares inalámbricos, relojes inteligentes, cámaras, parlantes, dispositivos de Internet de las Cosas y otros aparatos conectados a redes de datos.

El nuevo régimen, aprobado mediante la Resolución 57/2026, trasladará parte del proceso de certificación a agencias privadas reconocidas por Enacom. Estas empresas deberán revisar la documentación técnica, emitir los certificados de conformidad y verificar que los equipos mantengan las condiciones con las que fueron aprobados.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá acelerar los trámites y facilitar el ingreso de nuevas tecnologías. Sin embargo, todavía existen dudas sobre cuántas certificadoras estarán habilitadas, cuánto cobrarán por sus servicios y cómo se realizarán los controles sobre los productos que ya estén publicados o disponibles en los comercios.

El Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación cuestionó el cambio y presentó una medida judicial para intentar suspenderlo. De todas maneras, mientras no exista una decisión judicial en contrario, las nuevas exigencias comenzarán a aplicarse el 1 de septiembre.