La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente, que indicó que la medida se adoptó luego de una serie de manifestaciones consideradas hostiles hacia el país tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial. Según el comunicado oficial, esos hechos trascendieron el ámbito deportivo y tuvieron repercusiones en el plano internacional.
A partir de la entrada en vigencia del decreto, podrán ser rechazados en la frontera o expulsados del territorio nacional los extranjeros que hayan promovido o incitado mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por razones de nacionalidad. La normativa también alcanza a quienes participen o incentiven actos de ultraje contra los símbolos patrios.
Desde el Ejecutivo señalaron que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de los emblemas nacionales constituye un principio irrenunciable. En ese sentido, el presidente Javier Milei expresó a través del comunicado oficial: "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país."
Qué establece el decreto
El DNU incorpora formalmente estas conductas como nuevas causales de inadmisión y expulsión dentro de la Ley de Migraciones.El artículo 1 dispone que la medida alcanza a los extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio de forma oral o escrita, o que hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino motivado por su nacionalidad. También comprende a quienes hayan participado en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales o promovido la realización de esos hechos.
En caso de que una persona extranjera ya resida en el país y quede comprendida dentro de esas causales, el Estado podrá cancelar su residencia y ordenar que abandone el territorio nacional dentro del plazo que se establezca o disponer su expulsión, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.
Argumentos del Gobierno
En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que la Argentina ha mantenido históricamente una política de apertura hacia los extranjeros, aunque remarcó que el Estado posee la facultad soberana de establecer las condiciones de ingreso, permanencia y expulsión para preservar el orden público, la seguridad interior y la convivencia social.Según el Ejecutivo, el endurecimiento de las normas migratorias busca proteger la integridad institucional del país y garantizar el respeto hacia la Nación y sus símbolos, evitando conductas que puedan afectar la paz social.
Deberá ser tratado por el Congreso
Como ocurre con todos los decretos de necesidad y urgencia, el DNU 681/2026 deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, que contará con un plazo de diez días hábiles para emitir un dictamen sobre su validez y elevarlo posteriormente a la Cámara de Diputados y al Senado para su tratamiento.Mientras tanto, la norma ya se encuentra vigente y forma parte de las nuevas disposiciones que regulan el ingreso y la permanencia de extranjeros en la República Argentina.
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