El presidente Javier Milei presentó un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa busca redefinir las funciones de la autoridad monetaria, impedir el financiamiento del sector público y establecer mayores límites frente a las decisiones de los gobiernos.

Durante el anuncio, el mandatario volvió a cuestionar el impacto de la emisión sobre los ingresos de la población. Según afirmó, la inflación acumulada desde la creación del Banco Central asciende a 12.819.532.788.614.400.000%, una cifra de 20 dígitos. Además, sostuvo que el aumento del gasto público provocó una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Los principales cambios propuestos son:

• Un único objetivo. La función central del BCRA será preservar el valor de la moneda. La reforma eliminará la multiplicidad de objetivos vigentes para concentrar la actividad del organismo en la estabilidad monetaria.

• Prohibición de financiar al Estado. El Banco Central no podrá asistir al Tesoro Nacional, las provincias ni los municipios. Tampoco estará autorizado a comprar títulos públicos en el mercado primario.

• Mayor protección para sus autoridades. La remoción del presidente y de los integrantes del directorio necesitará el respaldo de los dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado.

• Límites al pago de dividendos. La propuesta restringirá la distribución de dividendos obtenidos por los resultados relacionados con la prestación del servicio de liquidez.

• Fin de las letras intransferibles. El proyecto eliminará modificaciones incorporadas durante 2012 y prohibirá la utilización de esos instrumentos para financiar al sector público.

Junto con la reforma monetaria, Milei anunció la creación de un mecanismo denominado “grillete fiscal”. Este sistema se activaría automáticamente si el Estado mantuviera un resultado deficitario durante varios meses consecutivos y el Congreso no adoptara las medidas necesarias para recuperar el equilibrio presupuestario.

En ese escenario entraría en vigencia un shutdown o paralización administrativa. Mientras dure la medida, dejarían de cobrar sus salarios el presidente, la vicepresidenta, los ministros, los secretarios y los legisladores nacionales. “Si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente”, manifestó el jefe de Estado.

El paquete oficial también contempla una mayor liberalización del mercado de capitales. El Gobierno pretende reducir la intervención estatal y facilitar que los ahorros privados se destinen al financiamiento de actividades productivas.

Milei afirmó que las modificaciones buscan cerrar una etapa de 91 años marcada, según su interpretación, por la emisión, la pérdida del valor de la moneda y el uso del Banco Central para financiar el gasto público. El proyecto deberá ser debatido y aprobado por el Congreso antes de entrar en vigencia.