El armamento había sido encontrado durante allanamientos realizados en San Pablo y llevaba estampada la inscripción “Armada Argentina”. Esa característica, sumada a una numeración interna que inicialmente habría coincidido con registros militares, llevó a analizar una posible conexión con la unidad de Río Grande.

A partir de esa sospecha, el Juzgado en lo Penal Económico de Buenos Aires remitió las actuaciones a Tierra del Fuego. Posteriormente, el BIM N°5 presentó ante la Justicia documentación y la ametralladora correspondiente al número interno que figuraba en sus registros.

La comparación entre ambas armas permitió detectar una diferencia considerada relevante para la causa. La FN MAG incautada en Brasil posee un número de serie, mientras que el ejemplar exhibido por el Batallón fueguino no cuenta con esa identificación, aunque sí mantiene la numeración interna registrada por la Armada.

Con esos elementos, el Juzgado Federal de Río Grande entendió que no existían fundamentos suficientes para sostener como hipótesis principal que el arma encontrada en territorio brasileño hubiera salido ilegalmente del BIM N°5. Por ese motivo, rechazó la competencia y devolvió la investigación al fuero de Buenos Aires.

La decisión fue posteriormente respaldada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, por lo que las actuaciones continúan fuera de Tierra del Fuego y en coordinación con la investigación que se desarrolla en Brasil.

Ahora, uno de los puntos centrales será establecer el verdadero origen de la ametralladora, cómo obtuvo las identificaciones vinculadas a la Armada Argentina y de qué manera terminó en poder de la organización criminal a la que fue secuestrada. Por el momento, la procedencia del arma continúa bajo investigación.