La Justicia Federal comenzó a intervenir en una investigación por presuntas irregularidades en la facturación de servicios médicos destinados a afiliados de PAMI en Río Grande. La presentación incluye documentación y distintos elementos que buscarían demostrar el cobro de prácticas que no se habrían efectuado.

La denuncia fue radicada el jueves por el médico gastroenterólogo Carlos Mariño Camacho, quien indicó que el expediente podría ampliarse durante los próximos días. “La denuncia se presentó con todas las pruebas de los hechos y se amplió un poco”, afirmó el profesional, al anticipar que también solicitarán nuevas actuaciones dentro de la obra social.

Uno de los casos bajo análisis involucra prestaciones de neumología. Según explicó, algunos pacientes habrían recibido alrededor de once órdenes electrónicas, aunque solamente una o dos prácticas se habrían concretado. Las restantes habrían sido incorporadas a la facturación, con montos estimados entre 800 mil y 850 mil pesos por afiliado.

La recopilación de antecedentes también abarca procedimientos urológicos que podrían haber sido cobrados sin realizarse. A su vez, se revisan intervenciones quirúrgicas en las que presuntamente se agregaron módulos que no correspondían con las prácticas efectuadas.

Ante la aparición de nuevos elementos, se pedirán auditorías en servicios de neumología, urología y traumatología de otros establecimientos de Río Grande. Mariño Camacho aclaró que estas solicitudes no representan una acusación directa contra los profesionales o centros involucrados. “Estamos pidiendo auditoría, no estamos haciendo acusaciones”, remarcó.

La investigación también apunta a determinar si se utilizaron equipos diferentes a los establecidos para determinadas prestaciones y si existió una supuesta homologación técnica que permitiera justificar esos procedimientos. Además, se solicitó revisar contrataciones relacionadas con prótesis odontológicas y otros mecanismos administrativos.

El denunciante aseguró que algunas presentaciones llevan cerca de un año y medio sin respuestas concluyentes. También señaló que enviaron correos electrónicos para solicitar intervenciones, pero que hasta el momento habrían encontrado dificultades para acceder a la información necesaria y avanzar con las verificaciones.

Durante las próximas semanas se incorporarán nuevas pruebas y pedidos de control. El objetivo será establecer si las prestaciones fueron efectivamente realizadas, identificar los montos eventualmente involucrados y determinar posibles responsabilidades. “Se van a encontrar con muchas sorpresas cuando salga una auditoría eficaz”, anticipó Mariño Camacho.