La Cámara de Diputados comenzó a analizar una serie de proyectos destinados a modificar distintos aspectos del sistema de tránsito nacional, con propuestas que alcanzan a las licencias de conducir, los controles vehiculares, la seguridad en cruces ferroviarios y el aprovechamiento de terrenos ubicados junto a rutas nacionales.

Una de las iniciativas propone modificar el régimen aplicable a las personas mayores de 65 años. El objetivo es evitar que la renovación de la licencia quede condicionada exclusivamente por la edad y permitir que, cuando el conductor mantenga las condiciones de aptitud necesarias, la vigencia pueda extenderse por períodos mayores.

El planteo busca que las evaluaciones estén centradas principalmente en la capacidad de la persona para conducir y no únicamente en un criterio etario. Entre los fundamentos se menciona que las renovaciones frecuentes generan mayores trámites y costos para los usuarios de mayor edad.

Otro proyecto apunta a cambiar el artículo 33 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 en lo referido a la verificación física de los vehículos, el grabado de cristales y autopartes. La intención es avanzar hacia un sistema unificado a nivel nacional, reducir trámites administrativos y disminuir los costos vinculados con esos procedimientos.

Dentro del paquete también se analiza una modificación de los procesos utilizados para otorgar licencias de conducir a personas con discapacidad, con la intención de adecuar los mecanismos administrativos y facilitar el acceso al trámite bajo criterios adaptados a cada situación.

La Comisión de Transportes abordó además iniciativas para permitir el aprovechamiento productivo de tierras ociosas ubicadas en zonas adyacentes a rutas y caminos pertenecientes a la red vial nacional. La propuesta contempla habilitar su utilización mediante permisos o contratos para actividades agrícolas.

El objetivo sería transformar superficies que actualmente demandan tareas de mantenimiento en espacios capaces de generar producción y eventualmente recursos para el Estado. Sin embargo, existen diferencias respecto de quién debería administrar esos ingresos y qué ocurriría en los sectores de rutas que se encuentran bajo concesión privada.

La seguridad ferroviaria también forma parte del debate. Uno de los proyectos establece la instalación obligatoria de laberintos peatonales homologados u otros dispositivos destinados a reducir la velocidad de los peatones y obligarlos a observar antes de atravesar las vías en zonas urbanas y semiurbanas.

La propuesta contempla además incorporar sistemas luminosos intermitentes y alarmas sonoras direccionales en los pasos peatonales a nivel, con el propósito de disminuir el riesgo de accidentes y reforzar las advertencias ante la llegada de una formación ferroviaria.

En el temario también aparecen modificaciones relacionadas con el Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito y con los mecanismos de registro y prescripción de multas. Las iniciativas continuarán siendo analizadas antes de avanzar hacia eventuales dictámenes y su posterior tratamiento legislativo.