El concejal de Provincia Grande Jonatan Bogado trazó un diagnóstico crítico sobre la situación económica y social de Río Grande y planteó que la pérdida de puestos de trabajo ya comenzó a trasladarse con fuerza al comercio, los servicios y el nivel de endeudamiento de las familias. Al mismo tiempo, reclamó preservar las tierras pertenecientes al Estado Nacional y a la Armada Argentina que puedan resultar necesarias para el futuro desarrollo urbano de la ciudad.

En declaraciones al programa “Buscando el Equilibrio”, por Radio Provincia, el edil señaló que la caída del empleo dejó de ser un problema concentrado únicamente en determinadas actividades productivas. Según sostuvo, la reducción del poder adquisitivo está generando un efecto en cadena sobre toda la economía local. “El que no tiene su salario y que no tiene plata en el bolsillo no la gasta y, si no la gastás, no hay movimiento en la economía de nuestra ciudad”, sintetizó.

Bogado vinculó este escenario con las políticas económicas impulsadas desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei y recordó que desde su espacio habían advertido sobre las consecuencias que podía provocar una menor protección de la industria fueguina. Aseguró que los primeros despidos registrados en diferentes sectores comenzaron posteriormente a reflejarse en una menor actividad comercial y anticipó que podrían producirse nuevas desvinculaciones laborales si el consumo continúa retrocediendo.

El concejal también puso el foco en una situación que consideró novedosa para Río Grande: las dificultades para regresar al mercado laboral que enfrentan personas que permanecieron durante 15, 20 o 25 años en una misma empresa. “Es un fenómeno nuevo para nosotros en Tierra del Fuego”, afirmó, al advertir que trabajadores de entre 35 y 50 años comenzaron a quedar fuera del sistema laboral al mismo tiempo que los jóvenes encuentran cada vez menos posibilidades para conseguir su primer empleo.

Otro de los ejes centrales de sus declaraciones fue la necesidad de preservar terrenos nacionales ubicados dentro del ejido urbano. Bogado mencionó sectores vinculados con la Armada Argentina, entre ellos el Cono de Sombra, inmediaciones del antiguo supermercado Suma, San Martín Norte y zonas cercanas al aeropuerto. Consideró que conocer con precisión qué tierras permanecen bajo propiedad nacional permitirá definir mecanismos para evitar que espacios considerados estratégicos terminen sujetos exclusivamente a intereses inmobiliarios privados.

“Lo que nosotros necesitamos es que quede a disposición justamente del desarrollo de la ciudad de Río Grande”, manifestó. Recordó además que acuerdos con organismos nacionales permitieron en distintos momentos avanzar con aperturas y conexiones urbanas, como ARA San Juan, la doble Santa Fe o el acceso a San Martín Norte. En ese sentido, alertó que una eventual venta de esos predios reduciría la capacidad del Municipio de negociar futuros proyectos de infraestructura, espacios públicos o nuevas urbanizaciones.

Bogado también se refirió al endeudamiento de las familias y cuestionó duramente las declaraciones del diputado nacional Alberto Benegas Lynch, quien había relacionado los problemas de morosidad con decisiones de consumo. El concejal calificó esos dichos como “una payasada” y “una burla directamente a la clase trabajadora”. Según explicó, muchas familias toman créditos porque perdieron ingresos o porque el salario ya no alcanza para cubrir las obligaciones mensuales. Incluso advirtió sobre personas que recurren a prestamistas informales para cancelar deudas anteriores.

En materia política, cuestionó los acuerdos exclusivamente dirigenciales y sostuvo que cualquier proceso de construcción debe recuperar primero el vínculo con la sociedad. “La unidad tiene que estar justamente entre los dirigentes y los representados”, expresó. Para Bogado, los próximos meses deberían estar concentrados principalmente en generar herramientas frente al deterioro de la economía familiar, la falta de empleo y las consecuencias sociales que comienzan a profundizarse en Río Grande.

Sobre las ejecuciones fiscales municipales, explicó que cualquier beneficio debería establecer condiciones claras y dirigirse específicamente hacia quienes realmente atraviesan dificultades económicas. “Hay que beneficiar al que menos tiene o al que menos posibilidades tiene de cumplir con una obligación. No se puede hacer un beneficio indiscriminado para toda la comunidad porque eso no es equidad”, sostuvo, al justificar que la propuesta analizada necesitaba mayor discusión antes de avanzar.