El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego cerró una extensa auditoría sobre el funcionamiento del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), que puso el foco en el crecimiento del padrón, el fuerte aumento del gasto prestacional y las dificultades para sostener su financiamiento. El informe advierte que el comportamiento del sistema tiene características estructurales y que genera una presión creciente sobre las cuentas de OSEF.

Durante el primer semestre de 2025, las prestaciones destinadas a beneficiarios del RUPE demandaron aproximadamente $4.392 millones. La mayor parte de ese monto estuvo concentrada en RUPE Discapacidad, que representó alrededor de $4.165 millones, equivalente a casi el 95% del consumo prestacional relevado. Por su parte, RUPE Vejez alcanzó aproximadamente $225 millones y Acogimiento Familiar cerca de $1,7 millones.

La auditoría determinó además que entre julio de 2022 y junio de 2025 hubo 1.028 beneficiarios activos dentro del régimen, de los cuales 834 continuaban incorporados al sistema al finalizar el período analizado. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Uno de los aspectos señalados por los especialistas es la incorporación de beneficiarios cada vez más jóvenes dentro de RUPE Discapacidad. Esta situación implica una permanencia potencialmente más extensa dentro de la cobertura y, por consiguiente, una mayor demanda de prestaciones a lo largo del tiempo.

Para los profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo que participaron de la auditoría, este comportamiento no puede ser considerado transitorio. El consumo prestacional del RUPE fue definido como “estructural y progresivo”, por lo que requiere mecanismos permanentes de financiamiento, planificación y control para evitar que continúe profundizando los desequilibrios de la obra social estatal.

Otro punto crítico aparece en la forma de financiar las prestaciones. El fondo específico previsto para cubrir el RUPE alcanza apenas para afrontar entre el 0,9% y el 1,2% del gasto total. Esto significa que prácticamente la totalidad de los recursos necesarios debe salir del Tesoro provincial.

El relevamiento también detectó que cerca del 90% de la facturación de montos recuperables que emite OSEF tiene como destinatario al Ministerio de Bienestar Ciudadano. Durante el período estudiado, esa facturación registró un crecimiento del 245%, mientras que las transferencias realizadas a la obra social no acompañaron en igual proporción el aumento de las obligaciones.

A esa situación se suman demoras administrativas para controlar y aprobar las prestaciones. Según la auditoría, algunos trámites pueden superar los seis meses, generando saldos pendientes y complicando el recupero de los recursos desembolsados previamente por OSEF.

El Tribunal también cuestionó la falta de una reglamentación integral del RUPE. El régimen presenta una normativa fragmentada y procedimientos que no establecen con suficiente claridad las responsabilidades de cada organismo, los circuitos administrativos y los mecanismos de coordinación.

Además, se identificaron deficiencias dentro de OSEF vinculadas con los procesos de afiliación, facturación y recupero, utilización de planillas de cálculo, sistemas informáticos sin integración completa y montos recuperables que no llegaron a ser facturados.

Frente a este escenario, el Tribunal de Cuentas formuló una serie de recomendaciones destinadas a ordenar el funcionamiento del régimen, acelerar los circuitos administrativos y garantizar que los fondos provinciales necesarios para sostener las prestaciones sean transferidos en tiempo y forma.