El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció que el empleo asalariado formal perdió terreno en la Argentina, aunque sostuvo que esa evolución debe analizarse junto con el crecimiento de otras modalidades laborales, principalmente el monotributo.

El funcionario aseguró que durante los últimos años se incorporaron alrededor de 500.000 puestos de trabajo, pero admitió que al mismo tiempo disminuyó la cantidad de asalariados registrados. Según explicó, una parte de ese movimiento estaría relacionada con la ampliación del régimen de monotributo incorporada a través de la Ley Bases.

“Caen los asalariados formales aun cuando se hayan sumado 500.000 empleos, es cierto”, señaló Sturzenegger en una columna publicada en el diario La Nación. Para el ministro, las modificaciones normativas facilitaron el traslado de trabajadores hacia una modalidad con menor carga tributaria y mayor flexibilidad.

Dentro de esa transformación del mercado laboral, indicó que los puestos no asalariados aumentaron en 491.000, principalmente por la incorporación de monotributistas. A su vez, afirmó que el empleo asalariado no registrado sumó alrededor de 190.000 trabajadores.

Sturzenegger también comparó la evolución de los ingresos reales tomando como referencia 2023. De acuerdo con los datos expuestos por el funcionario, los trabajadores informales se encuentran un 64% por encima del promedio de aquel año, mientras que los monotributistas presentan una mejora cercana al 4%. En cambio, los salarios de los trabajadores formales habrían mostrado una evolución prácticamente estable.

El ministro rechazó que el aumento de formas laborales diferentes al empleo asalariado tradicional deba interpretarse necesariamente como una expansión de la precarización. Según su análisis, el proceso de “monotributización” comenzó varios años antes de la actual administración y responde, entre otros factores, a una búsqueda de esquemas laborales más flexibles.

En otro tramo de su análisis, Sturzenegger se refirió al crecimiento del endeudamiento de los hogares y descartó una intervención estatal para asistir a las entidades financieras frente a eventuales incumplimientos. “Si ahora no les pagan, el problema principal es de ellos”, expresó al referirse a bancos y emisores de tarjetas, señalando que las instituciones conocen los riesgos vinculados con las personas a las que otorgan financiamiento.

Para relativizar la posibilidad de una crisis generalizada del crédito, aseguró que los préstamos bancarios al sector privado representan alrededor del 12% del Producto Bruto Interno, un porcentaje considerablemente inferior al registrado en países como Chile o Brasil. También destacó que cerca de cuatro millones de personas habrían accedido por primera vez al crédito durante los últimos dos años.

Finalmente, el funcionario defendió las reformas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que mantener reglas estables resulta fundamental para atraer inversiones de largo plazo. En ese sentido, afirmó que la economía ingresó en un proceso de crecimiento después de años de estancamiento y vinculó esa perspectiva con una expansión de las exportaciones y los cambios regulatorios aplicados desde el inicio de la gestión.