El abogado Jorge Hernández advirtió que Tierra del Fuego no cuenta actualmente con la infraestructura, los equipos técnicos ni los espacios de detención necesarios para implementar correctamente el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la responsabilidad penal desde los 14 años.

En declaraciones a FM Provincia, el letrado explicó que la norma alcanza a adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan un delito, independientemente de la gravedad del hecho. Por ese motivo, consideró necesario que el alcance de la ley sea explicado tanto en las escuelas como en los hogares.

“Cualquier macana que antes podía parecer una zoncera de adolescente, si constituye un delito, ahora tendrá consecuencias penales”, señaló Hernández. En ese sentido, mencionó como ejemplo amenazas, peleas con lesiones u otros conflictos que antes podían no derivar en una causa penal.

El abogado aclaró que existen delitos graves cometidos por adolescentes, como homicidios o robos a mano armada, pero remarcó que la nueva ley no se limita únicamente a esos casos. Por el contrario, comprende todas las conductas que estén tipificadas como delitos.

Uno de los principales puntos de preocupación, según Hernández, es la falta de centros especializados para alojar a adolescentes privados de su libertad. La normativa establece que no pueden permanecer en contacto con detenidos adultos, pero advirtió que Ushuaia no cuenta hoy con un espacio adecuado para cumplir con esa exigencia.

“Decime dónde va a ser. Tiene que existir un lugar especializado”, planteó el letrado, al señalar que la ciudad ya enfrenta dificultades de espacio dentro del sistema penitenciario para personas mayores de edad.

Para Hernández, la aplicación del régimen resulta actualmente “inviable” en la provincia. Además de un lugar de detención diferenciado, sostuvo que se requieren jueces especializados, fiscales, defensores, psicólogos, trabajadores sociales, supervisores y equipos preparados para intervenir con adolescentes.

La ley también contempla mecanismos de mediación, reparación del daño, pedidos de disculpas, acuerdos con las víctimas y sanciones alternativas. Todas esas instancias, explicó, demandan una estructura coordinada entre el adolescente, sus padres, la víctima, el fiscal, el juez y distintos profesionales.

“Si uno lee la ley, se imagina un espacio con una enorme cantidad de personas participando, pero ese lugar y esa estructura hoy no existen dentro de la Justicia”, sostuvo.

Hernández también cuestionó la falta de difusión previa a la entrada en vigencia de la norma. Señaló que, pese a haber sido aprobada meses antes, no se avanzó en una campaña suficiente para informar a los adolescentes sobre las nuevas consecuencias legales.

“A partir del segundo año del secundario ya pueden responder penalmente. ¿Este año se les enseñó? ¿Está dentro de la currícula? Seguramente no”, expresó.

Por eso, pidió que el contenido de la ley sea incorporado al ámbito escolar y también discutido dentro de las familias. Para el abogado, es fundamental que los jóvenes sepan que una amenaza, una agresión o una pelea con lesiones puede derivar en una investigación judicial.

Finalmente, Hernández señaló que la implementación del nuevo sistema también exigirá capacitar al personal policial, adaptar los procedimientos de intervención con menores y analizar su compatibilidad con el régimen provincial de flagrancia.

“La ley ya está votada y vigente. Ahora tenemos que discutir cómo la difundimos y cómo la implementamos dentro de un sistema judicial que hoy no está preparado”, concluyó.