La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) pidió al Gobierno nacional que avance con acciones políticas, diplomáticas y jurídicas destinadas a limitar el sistema de licencias pesqueras otorgado por el Reino Unido en las aguas que rodean las Islas Malvinas. La organización sostuvo que la defensa de los recursos naturales debe incluir tanto los hidrocarburos como las especies marinas.

La entidad advirtió que los permisos concedidos por la administración británica sostienen una actividad industrial consolidada desde hace décadas. Entre 2023 y 2024, el sistema habría generado alrededor de 33,8 millones de libras esterlinas unos 45 millones de dólares, mientras que la pesca representa aproximadamente el 40% de la economía del archipiélago.

Durante 2024, las capturas realizadas bajo administración británica alcanzaron las 261.903 toneladas, de las cuales 146.689 correspondieron al calamar Illex argentinus. En los momentos de mayor actividad pueden operar más de 130 embarcaciones autorizadas, una situación que, según Fulasp, incrementa la presión sobre los recursos del Atlántico Sur.

El presidente de la Fundación, Raúl Cereseto, remarcó que muchas de las especies alcanzadas por esas licencias son migratorias y se desplazan entre la Zona Económica Exclusiva argentina, alta mar y las aguas próximas a Malvinas. “Los peces no entienden de líneas dibujadas sobre un mapa. Estamos hablando de poblaciones que nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y migran a través de un mismo ecosistema”, afirmó.

Fulasp consideró que las medidas anunciadas contra la explotación petrolera británica deberían extenderse a la actividad pesquera. “Si el principio es que nadie puede explotar unilateralmente nuestros recursos naturales en Malvinas, entonces ese principio debe valer para todos los recursos”, sostuvo Cereseto, quien reclamó elevar la discusión en los ámbitos internacionales y avanzar en restricciones concretas sobre las licencias.