Un grupo de policías territoriales retirados instaló una carpa frente a la Jefatura de Policía de Río Grande para reclamar el pago de sus haberes previsionales. Los manifestantes anticiparon que permanecerán en el lugar hasta recibir una respuesta concreta por parte de las autoridades provinciales.

Alfredo Gatti explicó, en declaraciones a Radio Provincia, que la decisión de profundizar la protesta fue adoptada después de 15 meses de presentaciones y gestiones sin resultados. “La carpa no se va a levantar hasta que esto se solucione”, aseguró al confirmar que la permanencia será ininterrumpida.

Según relató, entre las personas afectadas hay adultos mayores con enfermedades crónicas, cuadros graves y dificultades para acceder a prestaciones médicas. También señaló que algunos retirados fallecieron durante el prolongado conflicto. “Hay gente enferma, no tenemos obra social y existen casos en situaciones extremas”, advirtió.

Gatti sostuvo que el sector dejó de percibir la totalidad del haber compensatorio y cuestionó la legalidad de esa situación. “Se nos ha confiscado, sin ninguna medida judicial, el 100% del haber”, denunció. En ese sentido, afirmó que la falta de ingresos agravó la realidad económica y sanitaria de las familias involucradas.

El representante de los retirados también responsabilizó por la continuidad del conflicto al directorio de la Caja Previsional de la Policía, a la Jefatura de la fuerza y al Poder Ejecutivo provincial. Consideró que esos organismos debieron garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el sistema previsional policial.

Paralelamente, el sector presentó en la Legislatura provincial un pedido de juicio político para que se investigue una posible responsabilidad del gobernador, ya sea por acción u omisión. “Ahora les corresponde a las autoridades legislativas analizar las violaciones denunciadas y decidir si avanzan con el procedimiento”, manifestó Gatti.

El retirado argumentó que el mandatario provincial, por su condición de máxima autoridad del Ejecutivo, debe garantizar el funcionamiento del régimen previsional. Además, aseguró que la situación denunciada vulneraría disposiciones de la Ley de Policía, las constituciones provincial y nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Gatti afirmó que los afectados se sienten abandonados por las instituciones y cuestionó que la única alternativa ofrecida sea iniciar un juicio ordinario, teniendo en cuenta la edad y las condiciones de salud de numerosos reclamantes. “Nos tratan como ciudadanos de segunda”, expresó.

Finalmente, dejó en claro que el levantamiento del acampe dependerá de una definición oficial. “Que asuman el compromiso de pago, no queda otra”, concluyó.