La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil plantea serias dificultades en Tierra del Fuego. El abogado Hernández advirtió que actualmente la provincia carece de instalaciones adecuadas, personal especializado y mecanismos institucionales para abordar causas penales que involucren a adolescentes de entre 14 y 18 años.

El letrado explicó que la normativa comprende cualquier conducta considerada delito, independientemente de su gravedad. En consecuencia, no solamente alcanza a casos como homicidios o robos con armas, sino también a amenazas, agresiones y peleas que produzcan lesiones, situaciones que muchas veces eran interpretadas como conflictos propios de la adolescencia.

Uno de los principales obstáculos aparece ante una eventual privación de la libertad. La ley establece que los jóvenes no pueden permanecer alojados junto con detenidos adultos, pero Ushuaia no dispone de un centro especializado para recibirlos. Esta carencia se suma a los problemas de capacidad que ya atraviesa el sistema penitenciario destinado a mayores.

Hernández sostuvo que tampoco se conformaron equipos integrales para aplicar el régimen. Además de jueces, fiscales y defensores especializados, se necesita la participación de psicólogos, trabajadores sociales y supervisores capacitados para intervenir con menores de edad. Por este motivo, consideró que la implementación resulta actualmente “inviable” en territorio fueguino.

La norma contempla alternativas como la mediación, la reparación del daño, los pedidos de disculpas y los acuerdos con las víctimas. Sin embargo, estas herramientas requieren una coordinación permanente entre el adolescente, su familia, la persona afectada, los funcionarios judiciales y los distintos profesionales, una estructura que todavía no fue desarrollada en la provincia.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la falta de información previa. El abogado señaló que no se realizó una campaña suficiente para explicar los alcances de la legislación antes de su entrada en vigencia, pese a que había sido aprobada varios meses atrás.

En ese sentido, pidió que el nuevo régimen sea difundido en los establecimientos educativos y dentro de los hogares. Remarcó que los estudiantes deben conocer que una amenaza, una agresión o una pelea con lesiones pueden derivar en una investigación penal y tener consecuencias judiciales.

Finalmente, Hernández afirmó que también será necesario capacitar a la Policía, revisar los protocolos de actuación ante menores y analizar cómo se articulará la norma nacional con el sistema provincial de flagrancia. “La ley ya está votada y vigente. Ahora tenemos que discutir cómo la difundimos y cómo la implementamos dentro de un sistema judicial que hoy no está preparado”, concluyó.