El deterioro de la actividad económica y las dificultades para sostener la cadena de pagos comenzaron a reflejarse con fuerza en el financiamiento empresarial. Un relevamiento del Centro de Análisis Económico Equilibra, elaborado con información del Banco Central, reveló que la morosidad de los créditos comerciales pasó del 0,7% en noviembre de 2024 al 3,7% en julio de 2026.

El problema golpea con mayor intensidad a las compañías de menor tamaño. Los préstamos inferiores a $5 millones presentan un incumplimiento del 9,3% y concentran al 60% de las firmas endeudadas, aunque representan solamente el 0,2% del dinero prestado. En cambio, las grandes empresas, con créditos superiores a $3.800 millones, reúnen el 73,8% del financiamiento y registran una mora del 1,8%.

En los segmentos intermedios también se observa una situación delicada. Los créditos de entre $5 millones y $200 millones alcanzan una irregularidad del 7,6%, mientras que los financiamientos ubicados entre $200 millones y $3.800 millones exhiben atrasos del 6,6%. Además, la cantidad de personas jurídicas con deudas impagas aumentó de 16.200 a 37.482 en dos años y ya equivale al 13,4% de las empresas con préstamos.

El crecimiento de los incumplimientos ocurrió mientras el crédito destinado al sector productivo avanzó del 5,7% del Producto Bruto Interno en septiembre de 2023 al 9,8% en junio de 2026. Una parte importante de esa expansión estuvo impulsada por los préstamos en moneda extranjera, que subieron del 0,8% al 3,5% del PBI.

La construcción aparece como la actividad más comprometida, con una mora del 7,7%, seguida por el comercio, con el 6,5%. En la industria manufacturera el promedio alcanza el 3,7%, pero textiles y cueros trepan al 14,6%. En el extremo opuesto, vehículos y transporte muestran atrasos de apenas el 0,4%.

El endurecimiento de las condiciones bancarias profundizó las dificultades de las PyMEs. Según la Fundación Observatorio PyME, entre el tercer trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026 se duplicaron los atrasos con bancos, proveedores y organismos fiscales, una situación que actualmente afecta al 24% de las pequeñas y medianas empresas.