El Directorio de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial presentó ante la Legislatura un proyecto para declarar la emergencia económica y financiera del organismo durante dos años, con posibilidad de extenderla por otro período similar mediante una nueva ley. La iniciativa, elevada el 7 de septiembre, busca contener el déficit, ordenar las deudas acumuladas y generar nuevas fuentes de financiamiento mientras se prepara una reforma integral del sistema.

Uno de los principales puntos del diagnóstico está relacionado con el régimen compensatorio de los policías provenientes del Ex Territorio. Según el proyecto, la incorporación de ese esquema a la Caja Previsional mediante la Ley Provincial 834, sancionada en 2010, marcó “el origen del desequilibrio”. Actualmente existen 541 beneficiarios bajo este régimen frente a solamente dos aportantes activos. Además, el Directorio señala que con el paso de los años se incorporaron distintos suplementos al cálculo de las prestaciones sin establecer recursos específicos para financiarlos.

Entre las medidas propuestas, durante la emergencia el beneficio compensatorio de los territoriales se calcularía únicamente sobre el 100% del Suplemento Zona Desfavorable. También quedarían excluidos quienes cobren simultáneamente la Bonificación Zona Austral otorgada por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. Para el resto de los beneficiarios se establece un aporte extraordinario del 3%, mientras que los aumentos derivados de la movilidad previsional se aplicarían con dos meses de demora respecto del personal en actividad.

La iniciativa también busca ordenar las obligaciones pendientes. La Caja tendría 90 días para elaborar un plan que permita cancelar prestaciones adeudadas en un plazo máximo de 36 meses, pudiendo establecer prioridades según ingresos y edad. La adhesión implicaría renunciar a iniciar acciones judiciales por esas deudas o desistir de las causas existentes. Mientras permanezca vigente la emergencia, además, quedarían suspendidas ejecuciones, medidas cautelares y embargos contra las cuentas y bienes del organismo.

Para reforzar los ingresos se propone crear un Fondo de Emergencia Previsional Policial, Penitenciaria y Territorial, que recibiría, entre otros recursos, el 25% de la recaudación de Ingresos Brutos vinculada al transporte por gasoductos. Paralelamente, un Comité Técnico Interdisciplinario tendría diez meses para elaborar una reforma integral, incluyendo un estudio actuarial del déficit, una auditoría de los pasivos judiciales y una proyección financiera a diez años. De esta manera, el proyecto plantea medidas inmediatas que afectarían a distintos beneficiarios mientras prepara una modificación de fondo del régimen previsional. |