El Gobierno nacional promulgó dos leyes vinculadas a la cooperación jurídica internacional. Una de ellas aprueba el nuevo Tratado de Extradición entre Argentina y Chile, mientras que la otra incorpora un mecanismo para transmitir de manera electrónica solicitudes entre autoridades centrales de distintos países.
La Ley N.º 27.824 aprueba el Tratado de Extradición suscripto por la República Argentina y la República de Chile el 5 de diciembre de 2023, en Santiago. El acuerdo cuenta con 23 artículos y fue sancionado por el Congreso el 27 de agosto de 2026.
El convenio establece nuevas reglas para tramitar la entrega de personas requeridas por la Justicia de alguno de los dos países en el marco de causas penales. Según lo acordado, Argentina y Chile deberán permitir la extradición de personas que deban ser sometidas a proceso o juzgadas por delitos cuya pena sea de un año o más. También quedarán alcanzadas aquellas personas que deban cumplir prisión preventiva pendiente por un mínimo de seis meses.
La norma aclara además que “un delito será extraditable independientemente de si las leyes de ambas partes lo tipifican dentro de la misma categoría o lo denominan con la misma terminología”. También se incluyen delitos vinculados a tasas, impuestos, aduanas, aranceles, cambio u otras disposiciones de carácter impositivo.
El tratado contempla, a su vez, límites para conceder una extradición. No se permitirá cuando el pedido esté vinculado a persecución por “raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas, sexo, idioma, edad, capacidad mental, género u orientación sexual”, ni cuando la sentencia haya sido dictada en ausencia o contemple pena de muerte.
Por otra parte, la Ley N.º 27.825 aprueba el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, celebrado en Medellín, Colombia, el 24 y 25 de julio de 2019. Esta herramienta apunta a digitalizar y agilizar el intercambio de pedidos judiciales entre los Estados parte.
En ese marco, se habilita el uso de la plataforma “Iber@” para transmitir solicitudes y documentación vinculada a la cooperación jurídica internacional. Según el acuerdo, “la transmisión de solicitudes y su documentación por Iber@ no requerirá envíos físicos adicionales”.
Iber@ funciona dentro de IberRed, una red iberoamericana de cooperación jurídica internacional en materia civil y penal, integrada por puntos de contacto y autoridades centrales. La plataforma es definida como un sistema seguro de comunicación que permite el intercambio entre operadores jurídicos de distintos países.
Con la promulgación de ambas leyes, Argentina incorpora nuevas herramientas para la cooperación judicial internacional: por un lado, un marco actualizado de extradición con Chile; por otro, un sistema digital para remitir solicitudes entre autoridades competentes sin necesidad de envíos físicos adicionales.
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