La disputa por los recursos naturales en torno a las Islas Malvinas sumó este viernes un nuevo capítulo. El Gobierno británico salió públicamente a respaldar a las compañías y personas que mantienen vínculos comerciales con el archipiélago y rechazó las acciones administrativas y judiciales que viene impulsando Argentina contra quienes participan de esas actividades.
La declaración fue realizada por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar del Reino Unido. La funcionaria calificó de “inaceptables” y sin “justificación legal” los cargos promovidos contra empresas e individuos, en momentos en que el conflicto por la explotación de hidrocarburos volvió a ocupar el centro de la agenda bilateral.
Londres promete apoyo a las compañías
Kumaran ratificó la postura británica sobre las Islas y sostuvo que sus habitantes tienen derecho a explotar los recursos naturales. Además, aseguró que tanto el Gobierno como la red diplomática del Reino Unido respaldarán a las firmas alcanzadas por medidas argentinas.El pronunciamiento no aparece aislado. El 15 de septiembre, Londres publicó una guía destinada específicamente a compañías y particulares que realizan negocios en las Islas o suministran bienes y servicios, incluso a quienes participan directa o indirectamente de la explotación de recursos naturales. El documento sostiene que las leyes argentinas no serían aplicables sobre esas actividades y ofrece asistencia británica ante eventuales acciones en terceros países.
Argentina profundizó las medidas por Sea Lion
La posición británica llega después de que la Cancillería argentina endureciera las acciones contra empresas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur y, particularmente, con el proyecto Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte.Según informó oficialmente la Cancillería, Argentina ya envió cerca de 180 notas de advertencia a personas y empresas radicadas en 30 países, inició 60 procedimientos administrativos y presentó tres denuncias penales que alcanzan a diez compañías y sus directivos. El Gobierno argentino sostiene que esas actividades se realizan sin autorización nacional y anunció que continuará utilizando vías administrativas, diplomáticas y judiciales.
Buenos Aires también rechazó la guía comercial difundida por Londres y convocó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregar notas formales de protesta por el avance de Sea Lion. Argentina sostiene que las acciones unilaterales en el área en disputa contravienen la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El conflicto también llegó a la Justicia de Río Grande
El escenario se tensó todavía más esta semana a partir de una decisión adoptada en Tierra del Fuego. La Justicia Federal de Río Grande dictó una medida cautelar dirigida a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited para que se abstengan de avanzar con obras relacionadas con Sea Lion, incluyendo perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial.Mientras Argentina busca ampliar las consecuencias legales para las empresas vinculadas con la explotación de recursos, Londres decidió responder ofreciendo respaldo político y diplomático a quienes continúen haciendo negocios en las Islas. De esta manera, el proyecto petrolero Sea Lion vuelve a quedar en el centro de una escalada entre ambos países por la soberanía y los recursos naturales del Atlántico Sur.
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