El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego fijó su presupuesto anual para el ejercicio 2027 en $12.448.092.146, de acuerdo con la Resolución Plenaria N.º 125/26, informada a la Legislatura provincial a fines de agosto. La resolución figura en el registro oficial del organismo como la que aprueba el presupuesto de recursos y gastos para el próximo ejercicio.

Dentro de esa estimación, el principal componente corresponde al costo laboral. La norma prevé $10.788.893.603 para una planta de 190 cargos, lo que representa casi nueve de cada diez pesos del presupuesto total y equivale a un promedio cercano a $4,7 millones mensuales por cargo.

El presupuesto fue elaborado por el propio Tribunal y elevado al Poder Ejecutivo para su incorporación dentro del Presupuesto General del Estado, en el apartado correspondiente a los entes descentralizados.

En la resolución, el organismo sostuvo que las estimaciones fueron diagramadas teniendo en cuenta la estructura actual del Tribunal, “con una planta de personal mínima necesaria para cubrir las misiones y objetivos propuestos”. Sin embargo, también advirtió que el uso de licencias y la existencia de vacantes congeladas afectan la disponibilidad efectiva de profesionales dentro del organismo.

En ese punto, el Tribunal señaló que “el uso de las licencias que les corresponden, entre ellas por cargos de mayor jerarquía en la que se encuentra un importante número de profesionales de planta, ocasionan un congelamiento de esas vacantes hasta su regreso, sin poder contar con esa capacidad de trabajo hasta entonces, a lo que deben sumarse las distintas licencias que se van sucediendo previstas en el convenio colectivo de trabajo”.

El planteo se da en un contexto particular, ya que el Tribunal de Cuentas funciona desde 2022 con dos vocales en actividad. El tercer vocal, Luis María Capellano, continúa con licencia sin goce de haberes por desempeñarse como presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. Su última licencia fue concedida en febrero de este año mediante una resolución firmada por Miguel Longhitano y Hugo Pani.

De esta manera, el órgano encargado del control externo de la función económico-financiera y patrimonial de los tres poderes del Estado provincial continúa sin integración plena. En los casos de mayor complejidad, debe recurrir al nombramiento de conjueces para poder resolver determinados asuntos.

En cuanto a los objetivos para 2027, el Tribunal prevé profundizar el desarrollo de auditorías integrales con equipos interdisciplinarios, fortalecer la capacitación de sus agentes y continuar con las tareas de control sobre empresas y sociedades del Estado provincial.

Entre las metas también se incluye el seguimiento de pasivos ambientales y otros riesgos relevantes, además de la continuidad del trabajo de la delegación de control en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para cumplir con esas tareas, el organismo considera necesaria la incorporación de ocho contratos profesionales especializados en auditoría gubernamental, contabilidad pública, sistemas de información, análisis de datos, inteligencia artificial, gestión de riesgos y recursos tecnológicos. A su vez, advirtió que cada incorporación requerirá espacio físico, equipamiento informático y mobiliario.

El presupuesto también contempla recursos para afrontar gastos vinculados a 51 causas judiciales en trámite, con un capital histórico superior a $106,5 millones. De ese total, 35 son causas principales y 15 incidentes; dentro de las principales, en ocho el Tribunal de Cuentas aparece como parte demandada.

Con este esquema, el organismo proyecta sostener su funcionamiento durante 2027, en medio de una estructura donde el gasto en personal concentra la mayor parte de los recursos y donde se plantea la necesidad de sumar perfiles técnicos para fortalecer las tareas de control.