La respuesta de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación al amparo presentado por dos trabajadoras de la Dirección Provincial de Puertos volvió a poner en debate los alcances de la intervención nacional sobre el Puerto de Ushuaia. El organismo nacional defendió su posición y sostuvo que no es empleador de las demandantes, ya que ambas mantienen su vínculo laboral con la DPP.

Según la presentación difundida por El Diario del Fin del Mundo, la ANPYN afirmó que las obligaciones salariales y laborales continúan siendo responsabilidad del organismo fueguino. De esta manera, la Agencia separó la administración operativa y económica del Puerto de la relación laboral que las trabajadoras mantienen con la Dirección Provincial de Puertos.

La intervención administrativa del Puerto de Ushuaia fue dispuesta por la ANPYN mediante la Resolución 4/2026, en el marco de una medida que alcanzó la operación portuaria dentro de la jurisdicción definida por el organismo nacional. A partir de ese esquema, Nación quedó a cargo de la administración de la terminal, aunque el conflicto judicial expone la discusión sobre quién debe afrontar las obligaciones laborales.

Uno de los puntos centrales de la respuesta nacional está vinculado con los ingresos del Puerto. La ANPYN defendió el régimen económico vigente durante la intervención, por el cual los pagos de los operadores portuarios se canalizan a través de una cuenta a nombre de la Administración General de Puertos. Frente al pedido de que esos fondos sean depositados en cuentas de la DPP, el organismo sostuvo que eso modificaría el esquema de administración establecido.

Allí aparece el principal eje del planteo: mientras la Nación administra los recursos generados por la terminal, la Provincia seguiría a cargo del pago de los salarios. La ANPYN también señaló que el organismo provincial asumió el compromiso de mantener los haberes, aunque esa afirmación no despeja la discusión sobre los fondos necesarios para cumplir con esa obligación.

La Agencia, además, sostuvo que no despidió, suspendió ni sancionó a las trabajadoras que presentaron el amparo. Sin embargo, reconoció que definió qué personal resultaba indispensable para garantizar la continuidad operativa del Puerto, a través de una nómina enviada a la Prefectura Naval Argentina para determinar quiénes podían ingresar durante la intervención.

Esa distinción formal abre otro punto de tensión: aunque la ANPYN niegue ser empleadora, sus decisiones sobre el acceso a la terminal inciden directamente en la actividad laboral de trabajadores provinciales. Por eso, la discusión no se limita únicamente a quién figura como empleador, sino también al control efectivo del lugar de trabajo y de los ingresos que genera el Puerto.

La contestación presentada por la ANPYN expresa la postura del organismo frente al reclamo judicial y no constituye una resolución sobre el fondo del conflicto. Sin embargo, deja planteado el esquema que defiende Nación: mantener el control de la administración y de los recursos portuarios, mientras Tierra del Fuego conserva las obligaciones salariales de la Dirección Provincial de Puertos.